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Amnistía Internacional denuncia que España evita tomar medidas contra la tortura

  • Denuncia los inconvenientes para recopilar datos sobre casos de tortura
  • España mantiente el régimen de detención europeo con restricción más severas

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Amnistia Internacional asegura que el Gobierno español sigue sin tomar medidas "para tratar el problema de la tortura" y recopilar y publicar datos sobre esta práctica.

En su informe La tortura como receta: de la lucha antiterrorista a la represión de la primavera árabe, Amnistía dice que España mantiene el régimen de detención con restricciones más severas de la Unión Europea.

Amnistía Internacional recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por incumplir el Plan de Derechos Humanos 2008. Este plan recoge la recopilación de datos sobre casos que puedan suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial.

Según la organización, esta situación "ha exarcebado un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato año tras año".

El Informe señala que "aunque en mayo de 2010 Naciones Unidas recomendó a España la abolición del régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas, el Gobierno volvió a rechazar estas recomendaciones"

Las personas bajo arresto por sospecha de actividades terroristas "pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades".

Esta incomunicación puede imponerse antes o después de la comparecencia ante el juez y "puede alargarse hasta 13 días".

50 asociaciones están de acuerdo

Con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, medio centenar de organizaciones han suscrito el "Manifiesto de Madrid" donde se explica las recomendaciones de los Organismos Internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Denuncian que las prácticas antiterroristas del Estado deben ser compatibles con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y solicitan la abolición de la detención incomunicada.