Arranca el juicio contra Otegi y otros siete dirigentes abertzales por intentar reconstruir Batasuna
- El fiscal pide 10 años de cárcel por intentar reconstruir la formación
- El juicio se celebra hasta el 7 de julio con 70 testigos
El exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi se sentará de nuevo este lunes en el banquillo junto al exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y otros seis dirigentes abertzales, para quienes el fiscal pide 10 años de cárcel por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune.
El juicio, que se celebrará en la Audiencia Nacional hasta el 7 de julio, tiene lugar unos días después de que la izquierda abertzale, a través de Bildu, haya entrado en las instituciones vascas y navarras, e incluso uno de sus representantes, el periodista Martín Garitano -elegido diputado general de Guipúzcoa- haya lucido un pin con el número de recluso de Otegi.
Además del exportavoz de Batasuna -en prisión provisional por esta causa- y Usabiaga -en libertad bajo fianza para cuidar a su madre-, el fiscal acusa a la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a Arkaitz Rodríguez, juzgado y absuelto en 2006 por pertenecer a los aparatos de captación e información de ETA.
Los otros tres acusados son José Luis (Txelui) Moreno Sagües, candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.
La acusación popular pide 14 años
Por su parte, la acusación popular, ejercida por la asociación Voces contra el Terrorismo Verde Esperanza pedirá 14 años de cárcel para cada uno en el juicio, en el que declararán unos 70 testigos: 40 agentes de las Fuerzas de Seguridad y una treintena de testigos, entre ellos históricos dirigentes de HB-Batasuna, portavoces sindicales o presos etarras.
Tasio Erkizia, Rufi Etxeberria, Adolfo Araiz o Floren Aoiz, procesados estos tres últimos en la causa que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" -en la que también está pendiente de ser juzgado Otegi- serán algunos de los testigos.
Según el fiscal Vicente González Mota, la tarea de Bateragune era la de "llevar la confrontación política hasta el punto más álgido" para lo que actuaba en una doble dirección: la "neutralización de cualquier espacio de la izquierda abertzale sin ETA" y la "acumulación de fuerzas para la construcción nacional a través de un polo soberanista subordinado a los fines y métodos de ETA".
Para ello, señala el escrito de conclusiones provisionales, Bateragune trataría de deslegitimar "cuantas instituciones provienen del marco constitucional", que para el entramado terrorista "no es sino el marco particionista de una nación que pretenden imponer".
La forma de articular este polo soberanista pasaba por llamar a la incorporación de organizaciones políticas como EA, Aralar, AB (Abertzaleen Batasuna) y el sindicato ELA "al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado".
Así, añade el fiscal, ETA diseñó como método de trabajo la combinación de "parones en la lucha armada", que propiciarían los acuerdos necesarios para constituir el polo soberanista, con la acción terrorista armada..