La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Gadafi en pleno estancamiento de la guerra

• Le acusa de crímenes de guerra contra los manifestantes y opositores
• También pide la captura de su hijo y su cuñado por los mismos delitos
• La decisión enturbia una posible salida pactada del líder libio

Fotomontaje con las imágenes de Saif al islam y su padre, Muamar Gadafi, acusados por la CPI.

Los tres acusados por la CPI de crímenes de guerra en Libia son:

-Muamar Gadafi. El líder libio gobierna el país con mano de hierro desde hace 42 años, lo que le convierte en el dirigente árabe y africano más veterano. Nacido según su propia leyenda en una tienda beduia en el desierto de Sirte en 1942, Gadafi ascendió al poder con 27 años tras derrocar al rey Idris, en el poder desde la independiencia del país de Italia en 1977. En 1977 proclamó su nuevo régimen político, la 'Jamahiriya', calificado por él mismo como un "Estado de masas" que gobierna a través de comités populares.

-Seif al-Islam. Uno de los hijos del coronel Gadafi, es el portavoz oficial del régimen. De 38 años de edad, se ha presentado habitualmente como el sucesor de su padre, al que defiende públicamente. Hombre influyente, no ocupa ningún cargo focial en el régimen pero se ha distinguido en los últimos años como el emisario más fiable del régimen para Occidente y en el artífice de ciertas reformas aperturistas. Hijo de la segunda esposa de Gadafi y segundo de los ocho vástagos de Gadafi, Saif ha estudiado en Viena y Londres y habla inglés, alemán y un poco de francés.

-Abdalá Al-Senusi. Considerado como el brazo derecho de Gadafi, es el jefe de los servicios de espionaje del régimen. Se le considera uno de los actores principales de la represión de los manifestantes que piden la caída del régimen, aunque perdió su puesto a finales de febrero según los rebeldes. Se le considera uno de los cerebros de la masacre en la prisión de Abu Salim en Trípoli, donde 1.000 reos habrían muerto en un tiroteo en 1996.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad contra el coronel Muammar al Gadafi por crímenes de guerra en la represión de las revueltas que se han producido en su país en una decisión que se produce 100 días después del inicio de los bombardeos contra el régimen libio.

Gadafi se convierte así en el segundo jefe de Estado buscado por la CPI, después del presidente sudanés, Omar al Bashir.

Los jueces también han ordenado la detención de su segundo hijo, Saif al Islam, y su cuñado Abdulá al Senusi, quien además es el jefe de la inteligencia militar del régimen.

En una vista pública, los jueces de la Sala Preliminar primera de la CPI han explicado que la fiscalía ha presentado suficientes pruebas como para emitir la orden de detención contra Gadafi y su entorno más cercano, acusados de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Libia a partir del pasado febrero durante las revueltas en ese país magrebí.

La jueza que preside la sala, Sanji Mmasenono, ha indicado que el arresto de los tres dirigentes libios "es necesario",  entre otras cosas, "para evitar que se sigan cometiendo los crímenes".

"Base suficiente"

En la lectura de la decisión, la jueza ha especificado que "hay base suficiente" para creer que Gadafi y su hijo cometieron asesinatos y persecuciones, entendidos como crímenes de lesa humanidad, "especialmente en Trípoli, Bengasi y Misrata", entre el "15 de febrero de 2011 y al menos el 28 de febrero de 2011".

En el caso de Al Senusi, "hay base suficiente" para creer que esos crímenes, de los que el cuñado de Gadafi habría sido un "ejecutor indirecto", se cometieron bajo su responsabilidad de mando "especialmente en Bengasi entre el 15 de febrero de 2011 y al menos el 20 de febrero de 2011".

La jueza ha aclarado que es ahora la fiscalía la que tiene que mandar "una petición de cooperación" a las autoridades competentes en Libia para que se ejecute la orden de arresto.

También ha precisado que la orden emitida no significa que Gadafi, su hijo y su cuñado sean culpables, lo cual deberá aclararse durante el juicio.

Se aleja el exilio pactado

La orden de detención podría entorpecer las opciones de los gobiernos que barajan un posible exilio pactado de Gadafi a otro país para poner fin al conflicto civil en Libia.

Además, coincide con un momento de estancamiento en la  intervención militar en Libia, que cumple cien días sin que los aliados  hayan podido hasta ahora forzar la salida de Gadafi del poder.

Desde el pasado 19 de marzo, fecha del inicio de la ofensiva lanzada  por Washington, París y Londres bajo el paraguas de la ONU y que  posteriormente cedieron el mando a la OTAN, ya se han realizado 5.000 salidas de los aviones que bombardean la zona y han establecido la exclusión aérea.

Los rebeldes han llegado ya a una localidad estratégica a 80  kilómetros de Trípoli, donde siguen los bombardeos en el cuartel general  de Gadafi, así como en los alrededores de Misrata, principal bastión  rebelde en el oeste del país, y Brega, la localidad petrolífera del este  en manos de los rebeldes y con gran importancia estratégica para  Gadafi.

En este contexto, las negociaciones políticas para forzar un fin de  las operaciones,  que han provocado la muerte de varias víctimas civiles  en los últimos días y que está empezando a ser criticada no solo por  parte de los países árabes y africanos; también por Rusia -que con su abstención en la ONU favoreció el inicio de la intervención- e Italia, que forma parte de la coalición pero que ha pedido un cese de los bombardeos, algo que no comparte la OTAN.

Triángulo de represión

El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la había solicitado a los jueces el pasado 16 de mayo, tras concluir la investigación que pidió el Consejo de Seguridad de la ONU.

Para la fiscalía, los tres forman un triángulo fundamental del régimen libio, con Gadafi como "autoridad absoluta", su hijo como "primer ministro de facto" y El Senusi como "mano derecha" y ejecutor de los crímenes.

Los fiscales consideran que Gadafi emitió órdenes directas para los ataques contra civiles, los cuales se produjeron en las casas de las víctimas, en las vías públicas, e incluso durante funerales.

El Consejo de Seguridad de la ONU pidió el pasado 26 de febrero al fiscal de la CPI que abriese una investigación sobre posibles crímenes de guerra, tan solo dos semanas después del inicio de las revueltas.

Ocampo inició sus trabajos el 3 de marzo y concluyó en una comparecencia reciente ante el organismo de Naciones Unidas que las pruebas muestran que Gadafi conocia un plan para reprimir por todos los medios las manifestaciones de febrero, "incluyendo la violencia extrema y las matanzas".

Matanzas

La revuelta en Libia se ha cobrado miles de vidas, de acuerdo con el fiscal de la CPI, y ha causado la huída al extranjero de cerca de 650.000 libios y el desplazamiento interno de 243.000 a otros, según la ONU.

"Los delitos continúan en Libia. Para detener el crimen y proteger a los civiles en Libia, Gadafi debe ser detenido", defendió el domingo Moreno-Ocampo.

Pero la CPI no tiene fuerza policial y depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de sus órdenes de detención, algo que no se ha cumplido con buena parte de los acusados por La Haya, fundamentalmente en África.