Gadafi, el último de la lista de dirigentes africanos acusados por la CPI

• Hay 12  órdenes de arresto y se busca a siete sospechosos fugados
• Kenia, Uganda, Congo, Sudán y ahora Libia, países a los que pertenecen
• Gadafi, segundo jefe de Estado sobre el que pesa una orden de detención

La Corte Penal Internacional

- Con sede en La Haya, se convierte en una realidad el 1 de julio de 2002 tras la ratificación del Estatuto de Roma de 60 Estados (hoy 114).

- Está presidida por el surcoreano Sang-Huyn Song y su fiscal es Luis Moreno Ocampo.

- Crímenes dentro de sus competencias: genocidio, crímenes de guerra, y los crímenes contra la humanidad, como son el exterminio, la tortura o la violación.

- La Corte puede ser solicitada por cualquiera de los Estados firmantes o por su Fiscal.

- Su jurisdicción no es retroactiva, solo puede juzgar crímenes perpetrados a partir del 1 de julio de 2002.

La presión contra Muamar al Gadafi adquiere con el paso de los días una intensidad cada vez mayor como muestra la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de arresto por crímenes contra la humanidad contra el dirigente libio, su hijo Seif Al Islam y el jefe de los servicios secretos libios, Abdalá Al Senussi.

Los tres son sospechosos de homicidios y de persecusiones, que constituyen crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad contra la población civil libia desde el 15 de febrero, sobre todo en Trípoli, Bengasi y Misrata.

Sin embargo, esta decisión no implica nada inmediato ni que vayamos a ver a Gadafi en un banquillo ante un tribunal, como demuestran experiencias anteriores como la del presidente sudanés, Omar al Bachir, sobre quien pesa la misma orden pese a lo que permanece en libertad.

Estos son los principales procesos abiertos por la CPI a los que, tras este lunes, el líder libio se ha sumado.

   Libia: Gadafi y sus "hombres fuertes"

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El pasado 16 de mayo, el fiscal Luis Moreno-Ocampo pedía a los jueces que lanzaran órdenes de detención contra el coronel Gadafi, su hijo Seif Al Islam y el jefe de los servicios secretos libios, Abdalá Al Senussi.

Seif al Islam, de 39 años, "primer ministro de facto", y Abdalá Al Sanussi, de 62 años, el "brazo derecho del coronel Gadafi, "desempeñaron un papel clave en la puesta en marcha del plan para aplastar a la oposición", según Moreno-Ocampo.

De acuerdo con el fiscal, estos tres hombres son "criminalmente responsables de homicidios, arrestos, detenciones, desapariciones y malos tratos contra manifestantes desarmados y presuntos disidentes cometidos por las fuerzas de seguridad libias desde el 15 de febrero".

   Sudán: Otro jefe de Estado

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Hasta este lunes, el único jefe de Estado perseguido por la Corte Internacional era el de Sudán. El alto tribunal internacional ordenó en marzo de 2009 y en julio de 2010 su detención tras ser acusado de haber cometido genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas desde 2003.

Pese a ello, Bachir no solo se niega a reconocer la autoridad del TPI, sino que, además, según el último informe de la Corte presentado el pasado ocho de junio, ha aprendido a "cómo seguir cometiendo crímenes que desafían la autoridad del Consejo", además de que tampoco ha puesto fin a los ataques contra los desplazados y bloquea la información sobre lo que ha ocurrido con ellos.

Junto a él, dos comandantes rebeldes sudaneses están acusados de asesinato en un ataque en 2007 a "cascos azules" africanos en Darfur: Abdallah Banda Abakaer Nourain, alias "Banda", y Saleh Mohamed Jerbo Jamus, "Jerbo".

   Congo: Causas pendientes

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El 23 de noviembre de 2010 la CPI lograba un paso histórico: el que había sido vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, se sentaba en el banquillo de los acusados de la CPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

No era el primer congoleño que se sentaba como acusado. Junto a él, otros tres rebeldes, Thomas Lubanga, Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chu, hicieron frente a los mismos cargos y, tras el juicio, han sido detenidos y conducidos al centro de detención de la CPI en La Haya, mismo camino que ha seguido Bemba.

Sin embargo, otro de los acusados, Bosco Ntaganda, sigue en libertad. Sobre él pesa la acusación de reclutar niños soldado, limpieza étnica, tortura y violaciones entre 2002 y 2003. Por ello, Human Rights Watch solicita a la República Democrática del Congo su detención, algo a lo que este país se niega ya que éste ocupa un alto cargo en el ejército desde el pasado 2009.

   Kenia: Seis altos cargos inculpados

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En Kenia las elecciones del año 2007 supusieron el comienzo de una etapa de violencia postelectoral que llevó a la CPI  a admitir a juicio los hechos denunciados por el fiscal el 15 de diciembre de 2010.

Los acusados, un total de seis ministros, pertenecen a los dos partidos que comparten el poder en Kenia: el Movimiento Democrático Naranja (ODM) del primer ministro Raila Odinga y el Partido de la Unidad Nacional (PNU) del presidente Mwai Kibaki.

Entre ellos está el viceprimer ministro Uhuru Kenyatta y el exministro William Ruto, ambos sospechosos de asesinato, traslado forzado de población y persecuciones en los meses siguientes a la cuestionada reelección del presidente Mwai Kibaki.

Más de 1.220 personas murieron y 350.000 fueron desplazadas en la violencia postelectoral de 2008, dañanado severamente la reputación de estabilidad de Kenia en la turbulenta región del este de África.

   Uganda: Primeras órdenes

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Otro de los países en los que la CPI ha emitido órdenes de arresto ha sido en Uganda, en concreto contra cinco rebeldes sospechosos de crímenes de lesa Humanidad y de guerra.

La lista del tribunal internacional incluye al máximo líder rebelde, Joseph Kony, su lugarteniente, Vincent Otti, y a los comandantes Raska Lukwiya, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen, aunque este último falleció recientemente en un combate con tropas gubernamentales.

El resto siguen todos en libertad.