Los bancos tendrán que pagar el 60% de un piso para quedárselo en una subasta

• Se trata de evitar la devaluación excesiva del inmueble
• El depósito para acudir a una subasta de un piso baja del 30% al 20%
• Lo que los ayuntamientos deben a las pymes pasan a debérselo al Estado
• Las plusvalías por inversiones de hasta 25.000 euros no se declararán

Aumenta el porcentaje de salario que no se puede embargar y se cambian las subastas

El Gobierno ha modificado el precio mínimo de los inmuebles embargados del 50% al 60% lo que significa que los bancos ya no podrán quedarse los pisos a mitad de precio y y se elimina la posibilidad actual de que en determinados casos puedan adjudicárselos incluso por debajo de esos límites.

La medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros junto a otras propuestas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate sobre el estado de la nación. Una de estas iniciativas, aprobadas este viernes, se refería al incremento del sueldo inembargable por las entidades bancarias, cuando el comprador no puede hacer frente al pago de la hipoteca. La medida fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios este jueves.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se eleva la cuantía de ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, quede todavía un saldo vivo de deuda, hasta los 960 euros, tal y como avanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Debate sobre el estado de la Nación.

Así, el salario inembargable aumenta en un 50%, desde los menos de 641 euros a 960 euros en el caso de una persona sin hijos. En el caso de una familia con dos personas a cargo el sueldo que el banco no puede tocar aumenta hasta 1.347 euros.

El Congreso también aprobó este jueves una resolución que insta a las entidades financieras a impulsar las hipotecas de responsabilidad limitada, en las que la deuda se salda entregando la propia vivienda hipotecada. En el primer trimestre de este año se tramitaron 15.000 desahucios según el Consejo General del Poder Judicial.

Además, el Consejo de ministros ha modificado el umbral para evitar la devaluación excesiva de las viviendas "haya o no postor en la subasta" como ha explicado el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Ejecutivo también ha reducido el depósito necesario para acudir a la subasta que era del 30% del valor de piso y ahora pasa al 20% para facilitar la concurrencia de "más postores y evitar que no haya gente que acuda, personas físicas o jurídicas".

Techo de gasto para ayuntamientos y Gobierno

A través del decreto-ley aprobado, el Gobierno ha modificado la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para vincular el gasto público a la propia evolución de la economía. El decreto fija un tope máximo de gasto en función del aumento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales. Esta modificación de la Ley se aplicará al Gobierno central y los ayuntamientos.

Además, Rubalcaba ha explicado que se pretende el equilibrio presupuestario "a lo largo del ciclo". El cálculo incluiría la media de los cinco ejercicios anteriores, el presente y la previsión para los próximos tres años, en relación al PIB y actualizado con la inflación.

El Gobierno propondrá una iniciativa análoga a las Comunidades Autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Consejo de ministros también ha autorizado la emisión de 2.500 millones de deuda para las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Asturias, Aragón y Cantabria.

Ayudas para pymes y emprendedores

Para aliviar la morosidad de los ayuntamientos con las pequeñas y medianas empresas, el ICO podrá destinar recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas, generando a cambio un crédito frente a las entidades locales.

Los consistorios deberán devolver el dinero en un máximo de tres años y la garantía será su participación en los impuestos del Estado, con un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta del año 2011.

El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros introduce además una medida destinada a impulsar la actividad económica, que va dirigida especialmente a los emprendedores, mediante la inversión en nuevos proyectos empresariales.

Los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación y el impulso de nuevos proyectos empresariales tendrán un tratamiento ventajoso en el IRPF (la declaración de la renta), en relación a la plusvalía generada por esos nuevos proyectos.

De acuerdo con el decreto aprobado, las plusvalías generadas por proyectos con una inversión anual máxima de 25.000 euros, quedarán exentas en el IRPF.

En este sentido, el decreto-ley establece otras medidas para agilizar la constitución de nuevas sociedades y al fomento de la inversión en el sector cinematográfico.

Adicae ve "miserables y engañosas" las medidas con las hipotecas

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha calificado como "miserables y engañosas" las medidas aprobadas por el Gobierno, ya que "no suponen ninguna ayuda a las familias" que se enfrentan a una ejecución hipotecaria o que ya han perdido sus viviendas y están siendo embargadas.

En un comunicado, la organización de consumidores ha explicado que la elevación del 50% al 60% del valor de tasación mínimo al que una entidad financiera u otro interesado puede adjudicarse una vivienda en caso de impago no supone prácticamente ningún impacto para la banca ni resuelve los problemas de las familias que pasan por procesos de ejecución.

En su opinión, la decisión de aumentar el salario inembargable por el impago de una deuda hipotecaria, tiene un "significado vacuo" porque las familias siguen debiendo las mismas cantidades a su entidad financiera, lo que es "injusto, arbitrario e ilegítimo".

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha pedido al Gobierno que paralice los embargos de viviendas de forma inmediata y durante un plazo de tres años, "acabando así con un drama y una injusticia que resultaría favorable para la economía".

Pardos calculó que la paralización de los embargos de viviendas que están en proceso actualmente en España por el impago de las hipotecas costaría entre 300 y 500 millones de euros, una cantidad que es capaz de asumir el Ejecutivo.