La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el exdirector de Juventud de Baleares de Matas
- Por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad, cohecho y fraude
- En total hay 13 implicados en las irregularidades de Turisme Jove
La Fiscalía pide 12 años de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad, cohecho y fraude para el ex director general de Juventud de Baleares Juan Francisco Gálvez, por el caso Turisme Jove, sobre un supuesto desvío de dinero y cobro de sobornos durante la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas.
La Fiscalía también reclama una pena de 10 años y 6 meses de prisión para el exgerente del Consorcio Turisme Jove Damià Amengual y otros 4 años y 6 meses para el exjefe de mantenimiento del consorcio Juan Francisco Gosálbez.
La causa judicial trata sobre supuestas irregularidades en torno al consorcio público Turisme Jove, que por culpa de las prácticas ilegales de sus dirigentes encausados, sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, se quedó "en situación de quiebra técnica".
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción considera que de no haberse detectado las irregularidades, los acusados habrían ocasionado al consorcio una perjuicio superior a 1 millón de euros.
En este caso aparecen como encausadas 13 personas, pero las principales son las tres citadas, quienes, según la Fiscalía, de 2005 a 2007 "idearon, planificaron y desarrollaron una serie de actuaciones con la finalidad de permitir que importantes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos (...) fueran utilizadas en provecho o beneficio privado o quedaran en su patrimonio".
Cobro de comisiones o sobornos
También buscaron, afirman los fiscales, "enriquecerse mediante el cobro de comisiones o sobornos a los proveedores" del consorcio Turisme Jove.
La sustracción de los fondos por parte de los tres principales acusados -Gálvez, Gosálbez y Amengual- se produjo mediante varios mecanismos.
En algunos casos se quedaron directamente dinero justificándolo con facturas falsas, mientras que en otros cobraron comisiones de hasta el 25% a proveedores del consorcio, alquilaron locales para beneficiar a ciertas empresas, intentaron comprar otros locales pagándolos con dinero público y pagaron multitud de gastos personales cargándolos al consorcio.
De forma directa, afirma el escrito de la Fiscalía, los acusados desviaron casi 40.000 euros a empresas por dos conceptos falsos que luego, a su vez, les pagaron comisiones, así como otros 120.000 euros a otro empresario afín.
Asimismo, exigieron comisiones, "con la advertencia de que si no atendían esta exigencia perderían al consorcio como cliente", del 25 % a una agencia de publicidad -por lo que cobraron 30.000 euros- y a una imprenta, así como a otra empresa que hinchó las facturas un 300 % para pagarles.
En cuanto al alquiler de locales, los acusados arrendaron tres establecimientos por unos 30.000 euros al mes durante diez años, mediante un método arbitrario que benefició a otros acusados.
Esto lo hicieron cuando el consorcio ya disponía de una sede por la que pagaba 800 euros al mes y de dos locales más que le salían gratis por ser públicos.
También intentaron Gosálbez y Amengual comprar otros dos locales por 638.000 euros pagándolos con dinero público. Para ello, los adquirieron mediante un préstamo que el banco les dio gracias a que, simultáneamente, suscribieron un contrato blindado por el que el consorcio alquilaba los locales por 4.500 euros al mes durante 12 años.
Gastos personales con dinero público
La Fiscalía destaca, como prueba de que pretendían adquirir los inmuebles pagándolos con el alquiler del consorcio, que el precio de su compra es "prácticamente idéntico" al importe global del contrato de alquiler.
Los acusados también realizaron obras de reforma en estos locales por 180.000 euros "que únicamente sirvieron para revalorizar su propiedad" y de las cuales, además, percibieron 60.000 euros de comisión.
El escrito analiza una serie de gastos personales que Gosálbez y Amengual abonaron con dinero público. El primero gastó de manera irregular 21.074 euros en viajes -uno a Londres costó 2.527 euros al consorcio-, comidas, hoteles y otros servicios, mientras que el segundo cargó al organismo 10.176 euros de gastos personales.
Finalmente, la Fiscalía indica que el exdirector Gálvez decidió "unilateralmente" y sin respetar el procedimiento subirse su sueldo y el de varios trabajadores.
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