Teddy Bautista y otros dos directivos de la SGAE declararán este domingo ante el juez Pablo Ruz

• Los tres se encuentran en los calabozos de la Audiencia Nacional
• El juez decidirá si adopta medidas de prisión o pago de fianza
• Los otros seis arrestados pasarán a disposición judicial el lunes

Teddy Bautista y otros dos directivos de la SGAE declararán este domingo ante el juez Pablo Ruz

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y otros dos directivos de esta entidad, Ricardo Azcoaga y Enrique Loras, declaran este domingo ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, por su presunta implicación en la denominada operación SAGA que investiga una supuesta desviación de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la citada entidad.

Los tres ya se encuentran en los calabozos de la Audiencia Nacional donde a lo largo de la mañana el juez les tomará declaración. Los otros seis detenidos en la operación SAGA pasarán a disposición judicial este lunes. Entre ellos se encuentra José Neri, el director general de la citada filial de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae). 

El resto son Antonia García, Elena Vázquez -esposa y cuñada de Neri respectivamente-, así como Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín. Todos ellos están vinculados a la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus propios clientes a la propia SGAE.

A los detenidos se les imputan delitos societarios y de apropiación indebida por haber creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".

El juez tendrá que decidir, tras escuchar a la Fiscalía y defensa, si impone prisión cautelar o el pago de una fianza. De momento, el juez instructor del caso, Pablo Ruz, ha decretado el secreto de sumario.

Los arrestados han prestado declaración este sábado en dependencias de la Guardia Civil - la comandancia de Tres Cantos (Madrid) y un cuartel de Las Rozas (Madrid)- a las que fueron conducidos tras los registros en la sede de la SGAE y otros inmuebles.

Estudian el material incautado

En la operación, en la que participaron más de 50 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Especial Anticorrupción, se procedió al registro de sedes de varias empresas y siete domicilios particulares, así como del Palacio de Longoria, sede central de la SGAE. 

Los agentes de la Guardia Civil estudian ahora el material y documentos recogidos en tales registros en los que los agentes se incautaron de facturas e hicieron "back-up" (copia de seguridad) de algunas carpetas de determinados ordenadores. 

La Guardia Civil tiene un plazo de 72 horas para elaborar el atestado tras la lectura de la documentación y los interrogatorios y tiene la potestad de dejar a alguno de los arrestados en libertad si considera que no hay suficientes indicios.

Desde la SGAE confían en la Administración de Justicia "para que esto se acabe cuanto antes", y han anunciado que cuando dispongan de suficiente información emitirán un comunicado o convocarán una rueda de prensa.

Reacciones

La detención del presidente de la Sociedad General de Autores llevaba este sábado a Izquierda Unida a reclamar que los derechos de autor sean gestionados por organismos públicos "realmente democráticos y transparentes". 

La secretaria federal de Comunicación Interna de IU, Amanda Meyer, ha anunciado que, de confirmarse las imputaciones contra la cúpula de la SGAE, su partido pedirá responsabilidades a la ministra de Cultura,  Ángeles González-Sinde, y a todos los responsables de este Ministerio en los últimos 15 años por haber hecho dejación de funciones permitiendo la gestión de los derechos de autor a un organismo privado. 

El registro de la sede de la SGAE y la detención de su presidente tampoco ha dejado indiferentes a representantes del mundo de la cultura, entre ellos el poeta Luis García Montero, que ha reclamado un cambio significativo en la gestión de los derechos de autor.

Por su parte, la actriz Pilar Bardem, presidenta de AISGE, la sociedad de gestión de derechos de autor de directores de escena, dobladores, actores y bailarines españoles, ha declinado a opinar "sobre un tema que está judicializado".

“Lo que tenga que decirse lo dirán los jueces“

"Lo que tengan que decirse lo dirán los jueces. Apuesto por la transparencia, evidentemente, y para eso están las auditorías, para saber los ingresos, los gastos y la forma en que se reparte el dinero", ha precisado.

Más conciso se ha mostrado el intérprete Juan Diego Botto: "Cuando se produce un supuesto robo de tamañas dimensiones, hay que mantener la tranquilidad y dejar que la justicia actúe".