Teddy Bautista y otros dos directivos de la SGAE , en libertad sin fianza y con cargos

• El juez también deja libres a otros dos imputados en la operación Saga
• Se les acusa de apropiación indebida y administración fraudulenta
• Los otros cuatro detenidos tomarán declaración este lunes
• La SGAE avisa que tomará medidas legales si sufriera perjuicios
• Consulta el auto de libertad de Bautista y el de otros dos de los cinco detenidos (pdf)

Libertad con cargos para Teddy Bautista, presidente de la SGAE

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la puesta en libertad "sin fianza y con cargos" para el presidente del ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad: el director general Enrique Loras y el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga.

También están en libertad sin fianza y con cargos la cuñada del director general, Elena Vázquez, y un empleado de la empresa Microgénisis, Celedonio Martín, otros dos de los nueve detenidos por la Guardia Civil el pasado viernes por un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la SGAE.

Según consta en el auto dictado por el juez Ruz, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, los cinco están imputados de "un delito de apropiación indebida de especial gravedad" y otro de   "administración fraudulenta", penados hasta seis y cuatro años respectivamente.

 En el caso de Bautista, se le imputa también "un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación", según señala el auto, y precisa que la pena puede llegar hasta los doce meses de multa.

A Elena Vázquez se le añade la imputación de un delito de  alzamiento de bienes que, según el auto del juez, está penado con hasta  cuatro años de prisión.

Tras permanecer desde primera hora en la Audiencia Nacioinal, los cinco imputados ya han abandonado las dependencias judiciales .

No obstante, el juez ha decretado la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de pasaportes de todos ellos.

Los cuatro detenidos restantes pasarán a disposición judicial este lunes.

La SGAE amenaza con tomar medidas legales

En un comunicado, la SGAE ha señalado que "en el caso de que se demuestre que la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática, adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios".

La entidad ha querido reiterar que desde el primer momento "ha puesto todo su empeño en colaborar activamente con la Justicia para el rápido esclarecimiento de los hechos".

Los autores y editores han querido, en el comunicado, expresar su solidaridad con las familias del presidente y de los directores que ya han sido puestos en libertad. Piden, además, que se respete, como un derecho constitucional, la presunción de inocencia.

Material incautado

Las nueve personas detenidas en el transcurso de la operación Saga han permanecido en dependencias de la Guardia Civil -la comandancia de Tres Cantos y el cuartel de Las Rozas, ambas en Madrid- desde el pasado viernes, cuando fueron arrestados por los agentes encargados del caso que están analizando los documentos intervenidos en los registros practicados en la sede de la SGAE y otros inmuebles.

En esos registros, los agentes incautaron facturas e hicieron "back-up" (copia de seguridad) de "determinadas carpetas de determinados ordenadores".

Los investigadores acusan a los arrestados de delitos societarios y apropiación indebida por haber creado presuntamente una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".

En la operación han participado más de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en marzo de 2010, aunque la Guardia Civil llevaba investigándolos desde 2008.