Dhul, propiedad de Nueva Rumasa, tiene un agujero patrimonial de más de 618 millones
- Son datos de un informe elaborado por los administradores concursales
- Podría ser aún mayor porque hay dudas sobre otros 100 millones
La empresa de postres lácteos Dhul, propiedad de Nueva Rumasa, cuenta con un agujero patrimonial de al menos 618,26 millones de euros. Mientras que sus activos están valorados en 171,76 millones, sus deudas están cuantificadas en 790 millones. El déficit podría ser aún mayor porque existen deudas en discusión por importe de 109,56 millones.
Así lo pone de manifiesto el informe de situación patrimonial que han elaborado los administradores concursales de la compañía, publicado en su página web.
La empresa alimentaria tiene 711,9 millones de euros en créditos ordinarios, 34 millones de euros en créditos subordinados y 7 millones de euros en crédito con privilegio general.
Los acreedores de Dhul tendrán un mes de plazo para impugnar sus créditos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, que tramita el proceso concursal, desde la publicación de la emisión del informe en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La marca Dhul
Entre los activos se ha incluido la marca Dhul, que la familia Ruiz-Mateos puso en 1997 bajo la titularidad de la sociedad Lerton Holding, radicada en Belice, como medida defensiva.
No obstante, la administración concursal considera que la empresa con sede en Granada es el titular real de ese activo intangible porque "ha venido usando de modo exclusivo y excluyente, sin solución de continuidad y sin contraprestación alguna, la marca Dhul y sus derivadas y periféricas" hasta el punto de que "ha asumido y contabilizado los costes comerciales y publicitarios".
La propiedad de la marca es fundamental para garantizar el éxito de un posible proceso de venta de la empresa, sobre la que decaería el interés de los compradores si no pudieran seguir utilizando las denominaciones con las que ha comercializado hasta ahora sus productos.
La administración concursal -formada por los abogados Francisco Romero y Francisco de Paula Zurita, los economistas Álvaro Quero y Enrique Borrello, y Deloitte- no ha otorgado un valor separado a la marca, sino que la ha incluido dentro del fondo de comercio, valorado en 30,5 millones.
Pese a la importancia de la marca, el valor del activo ha sido rebajado respecto a los 211,77 millones otorgados por la familia Ruiz-Mateos al cierre del pasado mes de marzo, cuando la empresa ya había entrado en concurso de acreedores.
Esa bajada obedece a las malas perspectivas de devolución de los 106,6 millones de euros que le adeudan a Dhul otras empresas de Nueva Rumasa, muchas de las cuales están inmersas también en procesos de insolvencia (como es el caso de la láctea Clesa).
Por ello, la administración concursal ha considerado que como mucho recuperará 80 millones de euros siguiendo "criterios de prudencia".
Pago de las deudas
Respecto a las deudas, la administración concursal ha incluido los importes de las inversiones en pagarés de Nueva Rumasa que fueron avaladas por Dhul y, por tanto, debería pagar esta empresa sólo en el caso de que las cuantías no sean abonadas por los respectivos emisores.
Los importes invertidos -que en muchos casos no han llegado a comunicar los respectivos ahorradores por ser Dhul sólo el avalista- han sido calificados como crédito ordinario, es decir, que no cuentan con privilegio de cobro.
La administración concursal no ha reconocido el pago de 67,37 millones de euros, entre los que se encuentran los intereses de las inversiones en pagarés que tenían que haber sido pagados después de la declaración del concurso de acreedores de Dhul, el pasado mes de marzo.
El informe de situación patrimonial de Dhul es el primero en ser publicado de una empresa de Nueva Rumasa, que tiene a todas sus principales enseñas en proceso de insolvencia (como es el caso de la láctea Clesa, la productora de huevos Hibramer o Carcesa, la fabricante de los zumos Fruco o el tomate triturado Apis).
En buena parte de esos procedimientos, la familia Ruiz-Mateos ha perdido las facultades de gestión y administración del patrimonio, que han quedado en manos de los administradores concursales.