La UE denuncia la explotación y los abusos a los que se somete a empleadas domésticas irregulares

• Su situación ilegal en el país residente conciona sus derechos
• El miedo a la deportación les lleva a aceptar duras condiciones de trabajo

Las trabajadoras domésticas en situación irregular afrontan en numerosos casos una situación de explotación y abusos que las hacen vulnerables a "distintas formas de violencia de género, incluyendo la agresión sexual", ha denunciado este martes la Agencia europea de los Derechos Fundamentales (FRA).

La Agencia ha presentado su informe en el que insta a todos los países a vigilar las condiciones de trabajo de este colectivo que sufre, "frecuentemente", casos de abusos y explotación laboral.

"Desde el punto de los derechos fundamentales es importanteregular la situación de todos los trabajadores del servicio doméstico de la Unión Europea tanto si residen regularmente o irregularmente en un Estado miembro de la Unión", ha pedido el director de esta agencia, Morten Kjaerum.

Puntos a aclarar

Lo que busca este informe es poner de relieve cómo el estatus de una persona que sea un inmigrante irregular, combinado con las dificultades que en general plantea la regulación del trabajo doméstico, deja a este colectivo en condiciones de gran vulnerabilidad respecto a la explotación, incluyendo casos de abusos físicos, y otras formas como pueden ser los salarios bajos, las excesivas horas de trabajo o la incapacidad de obtener alguna clas de indemnización en el caso de que se produzca un accidente de trabajo.

Esta situación es posible porque el trabajo doméstico, en general, suele estar menos sujeto a inspecciones de trabajo que otras formas de empleo, indica otra de las conclusiones del informe.

"Los gobiernos deciden qué mano de obra traer a un país desde el extranjero. Pero una vez que una persona se encuentra en el país y ha sido empleada a pesar de su situación irregular, las normas básicas del derecho laboral y los derechos humanos deben aplicarse", explica Kjaerum.

Sin embargo, esta exigencia no se aplica en numerosas ocasiones ya que el miedo a la repatriación, deportación o a las autoridades desanima a las víctimas a denunciar su situación.

Barreras

Ese miedo hace que los trabajadores decidan no acudir al médico cuando tienen alguna dolencia, agravando posibles enfermedades.

"Se constató que las amenazas de despido o el miedo a éste, la ausencia de una asistencia sanitaria asequible, y la inexistencia de bajas por enfermedad remuneradas disuaden a estos trabajadores de buscar asistencia médica", indica el FRA.

Añade que por la misma razón muchas veces desisten de tomarse "un descanso para su recuperación, aún cuando hayan resultado lesionados como consecuencia de un accidente de trabajo. En ocasiones, estas situaciones dan lugar a lesiones crónicas o a la discapacidad permanente".

Como "práctica prometedora", la agencia elogia a España por ofrecer asistencia sanitaria sin acreditar la residencia legal, y por haber regulado un marco laboral para los empleados domésticos.

También, en el caso de que el trabajador decida denunciar la explotación, se enfrenta a numerosas barreras.

Además del miedo a los organismos públicos por su situación irregular ante el temor de que puedan deportarle, al carecer de un contrato les resulta difícil probar una relación laboral.

"Del mismo modo, puesto que trabajan en un contexto doméstico, puede resultar difícil demostrar un presunto caso de abusos, por ejemplo, mediante testigos", agrega el informe.

Aunque no existen datos sobre cuántas personas hay en esa situación, "una indicación de la medida en que los inmigrantes en situación irregular son empleados en el trabajo doméstico se puede deducir de los datos de regularización. Alrededor de 500.000 irregulares de terceros países empleados en el trabajo doméstico se han regularizado desde 2002 en Italia y España", apunta el reporte.