La juez del caso de los ERE eleva al Tribunal Supremo el conflicto de las actas de la Junta

• Comparte el carácter secreto de las actas de los consejos de gobierno
• El anuncio coincide con la declaración de los primeros imputado
• La Junta de Andalucía ha detectado 72 "intrusos" en los ERE

La juez que investiga el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha acordado elevar al Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por el gobierno andaluz, que defiende el carácter secreto de las actas de los consejos de gobierno solicitadas por la magistrada.

En un auto notificado ea las partes, la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, anuncia que ha planteado formalmente ese conflicto y que remite las actuaciones al presidente del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales dependiente del Supremo.

No obstante, en el auto al que ha tenido acceso, también acuerda "mantener la jurisdicción" de su juzgado en relación a las actas además de insistir en "requerir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la prueba ordenada" al defender su competencia para acceder a dichas actas.

En otra providencia también notificada, la juez da cuenta de que las actas, cuyas copias compulsadas permanecen custodiadas en un edificio judicial, están a disposición de la Junta "desde la notificación del auto de la Audiencia" en el se ordenaba que las actas se devolvieran al gobierno autónomo.

Declaran los primeros imputados en el presunto fraude de los ERE

Con casi una hora de retraso, la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha llamado a declarar al exmilitante del PSOE de Camas (Sevilla) Juan Manuel L.E., uno de los tres "intrusos" en los ERE que deben declarar hoy.

El segundo citado es José A.L., concuñado de Antonio Rivas -exalcalde de Camas y exdelegado de Empleo de la junta de Andalucía en Sevilla y también imputado en este procedimiento; mientras que en tercer lugar declarará Jose Antonio Garcia Prieto exconcejal y exsecretario de política municiapl del PSOE en ese municipio.

Estas tres personas estan imputados por la juez porque nunca habían trabajado en las empresas Intersur y Surcolor, aunque figuraban en sus respectivos Expedientes de Regulacion de Empleo.

La juez aún no ha citado a declarar a los presuntos responsables de estas irregularidades, aunque si ha notificado a otros 11 imputados - además de los tres de hoy- para que comparezcan ante ella entre el presente mes de julio y el próximo septiembre.

La Junta de Andalucía ha detectado 72 "intrusos" en los ERE y otros 111 casos "con discordancias administrativas", en unas diligencias en las que también están imputados, entre otros, el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y el ex sindicalista y "mediador" en los ERE Juan Lanzas.

Arenas asegura que Griñán "hace todo lo posible" para que no se conozca "la verdad"

El presidente del PP-A, Javier Arenas, se ha mostrado convencido de que la Junta de Andalucía y su presidente, José Antonio Griñán, están haciendo "todo lo posible" para que "no se sepa la verdad" sobre la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, al tiempo que ha defendido que las actas del Consejo de Gobierno deben ser "públicas con todas las consecuencias".

"La Junta de Andalucía y el señor Griñan están haciendo todo lo posible para que no se sepa la verdad", ha enfatizado Arenas, que considera que las deliberaciones del Consejo de Gobierno de la Junta son "reservadas", pero los acuerdos del Consejo tienen que "ser públicos con todas las consecuencias, con todas las luces y todos los taquígrafos".

En su opinión, Griñán "tiene miedo" a que se sepa "la verdad", ya que en ese tiempo era consejero de Economía y Hacienda, es decir, "quien los alimentó y quien miró hacia otro lado en la materia de los ERE" presuntamente irregulares, motivo por el que, a su juicio, al actual presidente de la Junta "no le llega la camisa al cuerpo".