El juez imputa diez delitos a un exedil del PSOE de Camas en el caso de los ERE

• Se trata de los delitos de tráfico de influencias y de prevaricación
• Esos mismos delitos se les imputan a otros dos "intrusos"

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos, que ha elevado al Tribunal Supremo el conflicto de las actas de la Junta, ha imputado este viernes cinco delitos de tráfico de influencias y cinco de prevaricación al exedil del PSOE de Camas José Antonio García Prieto por cobrar prejubilaciones "ilícitas", así como esos dos mismos delitos a otros dos "intrusos" en los ERE de dos empresas.

Estos tres prejubilados presuntamente irregulares, pues nunca habían trabajado en las empresas por las que cobraron pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, han sido los primeros imputados en esta causa que han comparecido ante la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Según las actas de sus comparecencias, estos "intrusos", dos de ellos exmilitantes del PSOE de Camas y el otro concuñado del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas -también imputado-, se han acogido a su derecho a no declarar y han ratificado sus testimonios ante la Policía Judicial.

"Ayudas" a través del exdirector general de Trabajo

El exconcejal de Camas y exsecretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio, José Antonio García Prieto, el exmilitante socialista Juan Manuel L.E. y el concuñado de Rivas, José A.L., declararon ante la Policía que accedieron a lo que consideraron como "ayudas" a través del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, también imputado en este procedimiento.

Al exedil, que logró cobrar pólizas de renta ligadas a los ERE de hasta tres empresas (Intersur, SAMEC y Morgan&Meyer -con sede en Luxemburgo- sin haber trabajado en ninguna, la juez le imputa además su "activa participación en la obtención de prestaciones igualmente ilícitas por parte de otras dos personas cercanas al PSOE en julio de 2006": Juan Manuel L.E. y otro cuñado de Rivas, José Antonio M.S.

Por ello, la juez le atribuye cinco delitos de tráfico de influencias y otros cinco de prevaricación "en su condición de 'extraneus'" -al no ser funcionario-, mientras que a Juan Manuel L.E. y a José A.L. les imputa a cada uno sólo esos dos delitos.

Las percepciones

Según el relato de hechos incluido en las actas de declaración, Juan Manuel L.E., que supo de esas "percepciones ilegítimas" a través de sus compañeros en el PSOE Prieto y Ricardo M.B. -también imputado-, ha estado percibiendo algo más de mil euros al mes desde julio de 2006 por figurar en la póliza del ERE de Surcolor, donde nunca trabajó, junto a prestaciones que legalmente le correspondían.

José A.L., que también habría contactado para ello con los dos anteriores, estuvo cobrando como falso prejubilado de Intersur una media de 1.300 euros mensuales desde noviembre de 2003, "prestaciones que percibiría hasta diciembre de 2011, suponiéndole dicha póliza a la Junta un coste ilegítimo y carente de justificación alguna de 113.356,52 euros".

Mientras, el exconcejal García Prieto, al ser incluido en el ERE de Intersur, habría cobrado 2.500 euros de media al mes desde noviembre de 2003, mes en el que además percibió 14.157 euros, póliza por la que la Junta "pagó arbitrariamente y sin justificación alguna 134.784 euros".

En 2007 se le terminaba esa prestación, según la juez, y "acudió de nuevo, prevaliéndose de su relación personal y política" con el exdirector general de Trabajo de la Junta, y le pidió "nuevas ayudas", tras lo que en septiembre de ese año le incluyeron en dos pólizas distintas ligadas a los ERE de SAMEC y de Morgan&Meyer.

Por la primera póliza, y sin haber trabajado nunca García Prieto ni en SAMEC ni en la otra empresa de Luxemburgo, la Junta pagaría de prima más de 60.000 euros, y por la otra cobró una media de 2.800 euros mensuales de septiembre de 2007 a octubre de 2009.

La juez aun no ha llamado a declarar a los presuntos responsables de estas irregularidades, aunque si ha citado a otros 11 imputados -aparte de los tres de este viernes- para que comparezcan ante ella entre el presente mes de julio y el próximo septiembre.

La Junta de Andalucía ha detectado 72 "intrusos" en los ERE y otros 111 casos "con discordancias administrativas", en unas diligencias en las que también están imputados, entre otros, el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández y el exsindicalista Juan Lanzas.