Los seis presidentes que dimitieron por procesos judiciales

• Dos presidentes populares y cuatro socialistas han sido imputados
• Se les ha procesado por delitos de malversación o cohecho

Este miércoles, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha presentado su dimisión por su implicación en la trama de corrupción del PP del "Caso Gürtel". Sin embargo, esta no es la primera vez que un presidente autonómico se ve forzado a interrumpir su mandato por estar involucrado en un proceso judicial o administrativo.

El caso más reciente lo protagonizó el popular Gabriel Cañellas, presidente de Baleares entre 1983 y 1995. Se vio envuelto en el caso "Calvia", donde declaró como imputado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública, y del "Túnel de Sóller", sobre un supuesto delito de prevaricación en la adjudicaciónde obras. Cañellas fue absuelto de ambos delitos en 1997.

Delitos de malversación y cohecho

En los noventa, el partido socialista también vio en juego su reputación por varios delitos de malversación y cohecho.

En 1995, la Audiencia Provincial condenó al que fuera presidente de Aragón entre octubre de 1993 y enero de 1995, José Marco, a 13 meses de cárcel y 6 de inhabilitación por el denominado "caso Sillón", en el que fue procesado por malversación de caudales y falsedad en documento público.

Cuatro años más tarde, Marco fue condenado a 9 meses de prisión, 2 de inhabilitación y a devolver 90.000 euros por el "caso de los Espías". Al final no ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal.

En 1993, el expresidente de Murcia Carlos Collado dimitió tras un informe del Tribunal de Cuentas, que había detectado "anomalías contables" en relación con la compra por su gobierno de la finca "Casa Grande". Con posterioridad, este tribunal le exculpó de cualquier anomalía contable en esta operación.

El también socialista Javier Otano dimitió de su cargo de presidente de Navarra en julio de 1986 por su imputación por un supuesto delito de cohecho en la trama navarra del "caso Roldán". En 2004, la Audiencia Provincial de Navarra le absolvió por la prescripción de los hechos.

Finalmente, Demetrio Madrid, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, presentó su dimisión al ser imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario. En 1990, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le absolvió. Esta sentencia fue confirmada por el Supremo en 1993.