La Audiencia condena a 6 años al expresidente del Barça Núñez y a su hijo por el 'caso Hacienda'

• Josep María Huguet, condenado a 13 años y De la Rosa, absuelto
• La trama se destapó en 1999 por delitos de cohecho y falsedad documental
• Los Nuñez consiguieron defraudar 13 millones de euros mediante sobornos

La Audiencia condena a 6 años al expresidente del Barça Núñez y a su hijo por el 'caso Hacienda'

El juicio por el 'caso Hacienda' ha sido el más largo celebrado en la historia de la Audiencia de Barcelona.

La investigación arrancó en los años 90 basada en la acusación de que altos cargos de Hacienda de la ciudad condal hacían la vista gorda con determinadas empresas -llegando incluso a ocultar irregularidades fiscales- y recibían a cambio una compensación económica.

16 acusados, entre los que se encuentran los condenados Núñez (padre e hijo) y Huguet y el absuelto Javier de la Rosa se han sentado en el banquillo por delitos como cohecho activo, falsificación documental o prevaricación.

El expresidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez y su hijo, condenados este jueves a seis años por el "caso Hacienda", sobornaron con donaciones valoradas en un millón de euros a los exinspectores Manuel Abella y Roger Bergua, lo que les permitió dejar de declarar más de 13 millones de euros.

Además, la Audiencia de Barcelona ha condenado también a 13 años al exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet, mientras ha absuelto a Javier de la Rosa por el mismo caso.

En un fallo leído públicamente este jueves al mediodía en medio de una gran expectación, la Sección Novena de la Audiencia ha condenado a Núñez padre e hijo a seis años cada uno por los delitos de cohecho activo y falsedad documental, y a trece años a Huguet por los de cohecho, falsedad documental, prevaricación, no perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos oficiales.

Además, el fallo impone a Núñez padre e hijo al pago, cada uno, de una multa de dos millones de euros por el delito de cohecho, y de otros 36.000 euros de multa por el de falsedad documental.

A finales de los noventa, en plena época del "pelotazo", se destapó una trama de corrupción en la que algunos empresarios sobornaban a ex cargos e inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en las inspecciones a sus sociedades.

Esta trama se comenzó a investigar cuando se desglosaron las diligencias del "caso Torras" y se abrió una nueva causa contra De la Rosa, destacados empresarios catalanes como los Nuñez y los ex altos cargos de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y Ernesto Aguiar -que fue exculpado durante la instrucción-, cuya amistad con Josep Borrell forzó a éste a renunciar a aspirar a La Moncloa en 1999.

Condenados 14 de los 16 acusados

Tras un año para redactar la sentencia, la Audiencia ha condenado finalmente a 14 de los 16 acusados y únicamente ha absuelto de todos los cargos al financiero Javier de la Rosa y a su asesor financiero Jorge Oller.

La Sección Novena de la Audiencia ha impuesto la pena más dura al ex jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, Josep Maria Huguet, que ha sido condenado a trece años de cárcel y a pagar una multa de seis millones de euros.

En concreto, la Audiencia le impone seis años como autor de un delito continuado de cohecho pasivo, cinco años como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad en documento oficial y dos años como autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Además, el fallo también condena a Huguet a diez años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación y a veinte meses de inhabilitación por omisión del deber de perseguir determinados delitos.

Por su parte, el ex inspector Manuel Abella, el único funcionario de Hacienda que llevaba a cabo inspecciones generales en las sociedades de Núñez y Navarro, ha sido condenado a once años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y falsedad documental, por los que además deberá pagar una multa de dos millones de euros.

También han sido condenados el ex inspector regional adjunto de Hacienda Roger Bergua, al que se le ha impuesto una pena de nueve años de cárcel por los delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, por los que deberá pagar además una multa de 1,5 millones de euros, y el ex inspector Álvaro Pernas, sentenciado a doce años por los delitos de cohecho, falsedad e insolvencia punible.

Por su parte, el abogado Juan José Folchi ha sido condenado a siete años de cárcel y a una multa de seis millones de euros por los delitos de cohecho y falsedad documental.

La Audiencia también ha sentenciado a seis años de cárcel al ex responsable del departamento de gestión de impuestos del grupo Núñez y Navarro, Salvador Sánchez Guiu, que también deberá pagar dos millones de euros de multa por los delitos de cohecho y falsedad documental.

Asimismo, el que fue candidato de Alianza Popular a la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno, y el ex directivo de Ibusa Francisco Colomar han sido condenados a dos años de cárcel cada uno por un delito de falsedad documental.

Sobornos para defraudar a Hacienda

Según la sentencia, Jose Luis Núñez Clemente, situado en la cúspide del grupo "Núñez y Navarro", y su hijo José Luis Núñez Navarro, junto con su mano derecha en gestión de impuestos, Salvador Sánchez Guiu, -también condenado a seis años-, desarrollaron "una compleja práctica ilícita" basada en "artificios fiscales" y en sobornos para eludir el coste fiscal de los beneficios que obtenía el grupo constructor.

Para evitar ser descubiertos por Hacienda, se ganaron la voluntad de Abella y Bergua, a los que proporcionaron viviendas a precio muy por debajo de su valor de mercado y les facilitaron "onerosa y graciosamente" las gestiones de adquisición, hipoteca, pagos de impuestos que estas compras comportaban, así como dinero en efectivo para hacer frente al pago de la hipoteca.

En concreto, según la sentencia, los Núñez, junto con Sánchez Guiu, vendieron a precio muy por debajo de mercado un dúplex de lujo del grupo en la calle Balmes, una de las más caras de Barcelona, del que era arrendatario el inspector jefe de Hacienda en Barcelona, Manuel Abella.

Además, le ingresaron 91 millones de pesetas (546.900 euros) en sus cuentas bancarias, entre 1991 y 1999, le pagaron las obras de reforma del dúplex y facilitaron que el director general adjunto de Caixa Cataluña le concediera una hipoteca en condiciones altamente beneficiosas.

En total, según la Audiencia, el soborno obtenido por Abella ascendió a 114 millones de pesetas (685.200 euros), ya que, además de los 546.900 euros en efectivo, la diferencia del valor de tasación y el precio pagado por el dúplex (dos pisos de 150 metros cada uno) se sitúa en 22,5 millones de pesetas.

Por su parte, el exinspector regional adjunto de Hacienda en Barcelona, Roger Bergua, -que tenía que supervisar la labor de Abella- obtuvo de Núñez dádivas valoradas en 63 millones de pesetas (378.600 euros), ya que entre 1992 y 1998 le entregaron en metálico 20 millones de pesetas y también le vendieron a precio por debajo de mercado su vivienda en una de las mejores zonas de la ciudad, en Tres Torres-Bonanova, y un garaje, con los que obtuvo una diferencia favorable de 43 millones de pesetas.

Al sobornar con casi un millón de euros a Abella y Bergua, el grupo Núñez y Navarro logró dejar de declarar aproximadamente 2.182 millones de pesetas (13,1 millones de euros) entre 1991 y 1999.

Según la sentencia, los "artificios fiscales" que el grupo Núñez y Navarro quiso evitar que fueran objeto de inspección fiscal consistían en "operaciones intragrupo", especialmente a través de la la compraventa cruzada de inmuebles entre las muchas sociedades en las que está desagregada la empresa familiar, para así desplazar las plusvalías.

Se desconoce al "autor ideológico"

La sentencia señala que se desconoce al "autor ideológico" de estos "artificios fiscales", si bien subraya que "a buen seguro" se hallaría "orbitado en el organigrama funcionarial de la Administración Tributaria".

A cambio del beneficio económico, Abella debía "omitir intencionadamente" en las inspecciones al Grupo Núñez y Navarro cualquier indicio de riesgo fiscal que detectase, sin efectuar ninguna investigación de las operaciones realizadas y calificando como debidamente tributadas, sin cuestionarlas, las operaciones enmarcadas en esta estrategia de "artificio fiscal".

Por su parte, Bergua, que había actuado previamente en inspecciones al grupo Núñez y Navarro, tenía que evitar obstaculizar la actividad de Abella, sin entrometerse en sus funciones ni revisar las actas de conformidad sobre la actuación del grupo.

Además, Abella blindó las inspecciones al grupo para evitar que ningún otro inspector se inmiscuyera o tratara de interferir.

Para lograr sus fines, aparentaba desarrollar una actividad inspectora, mediante la creación de un expediente tributario ficticio, en el que se incluían diligencias y actas en las que nunca se investigó ninguna operación y donde hacía figurar que se habían comprobado elementos fiscalmente relevantes, cuando no era así.

Según la sentencia, el exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, Josep Maria Huguet, dictaba la liquidación de las propuestas contenidas en las actas presentadas por Abella y supervisadas por Bergua, sin efectuar ninguna rectificación o modificación, pese a tener conocimiento de las irregularidades en las actas de inspección.