Las divisiones y la falta de liderazgo en la oposición amenazan la transición en Libia
- El Consejo Nacional de Transición representa a los rebeldes
- No hay ninguna figura política que cuente con apoyo general
- Las lealtades tribales y étnicas socavan la unidad
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La caída del régimen de Muamar al Gadafi, aunque celebrada dentro y fuera de Libia, abre la puerta a un periodo de incertidumbre y, posiblemente, de inestabilidad en el mayor productor de petróleo del norte de África.
Tanto las empresas extranjeras como los gobiernos europeos y de EE.UU. temen que la oposición, unida en el objetivo común de derrocar a Gadafi, ceda a la división interna y se produzcan nuevos enfrentamientos armados, que comprometan tanto la transición a otro modelo político como las exportaciones de hidrocarburos.
Un síntoma de dicha división fue el asesinato del jefe militar rebelde, Abdel Fatah Yunis a manos de una brigada relacionada con los servicios de inteligencia de la oposición. Yunis, al que algunos acusaban de doble juego, había desertado del bando de Gadafi para encabezar las tropas rebeldes.
Líneas de fractura
El Consejo Nacional de Transición (CNT), creado en febrero, es supuestamente el órgano político que unifica a la oposición. Es reconocido como el representante legítimo del pueblo libio por Francia, EE.UU. y España, entre otros.
Aunque en sus declaraciones aboga por un estado laico y democrático, internamente el CNT está formado por exmiembros de la administración gadafista y opositores históricos de las más diversas ideologías: islamistas, socialistas, panarabistas, tecnócratas...
A estas diferencias políticas se suman las divisiones tribales y étnicas (entre bereberes y árabes). La sociedad libia se basa en lealtades de clan y tribu, de las que el propio Gadafi se sirvió para afianzar su poder.
Dentro de las propias fuerzas rebeldes, quienes han sufrido más en la lucha, como los habitantes de las montañas del oeste del país o los de la ciudad de Misrata, miran con rencor a quienes han desplegado el trabajo diplomático y de organización desde Bengasi, según Al Arabiya. El primer reto para las nuevas autoridades será evitar los actos de venganza y desarmar a las diferentes milicias.
En la libia post-Gadafi no se perfila tampoco una única figura política capaz de aunar las diferentes sensibilidades y contar con la suficiente confianza. Los dirigentes más prominentes durante estos tres meses han trabajado con Gadafi en algún momento, como el propio presidente del CNT, Mustafá Abdel Jalil (ex ministro de Justicia) y el primer ministro del gobierno transitorio, Mahmud Yibril (ex encargado de desarrollo del gobierno de Trípoli). Otros, como Ali Tarhuni, académico formado en EE.UU., han regresado recientemente del exilio.
Es casi seguro que la nueva administración tendrá que trabajar, a cualquier nivel, con miembros del régimen que ahora se desmorona, pero que tienen la experiencia necesaria para hacer funcionar el país y, sobre todo, la industria petrolífera.
El escenario más temido es el de Irak, con el país dividido siguiendo las fronteras tribales o ideológicas; un aparato estatal y de seguridad inoperante y grupos extremistas, como Al Qaeda del Magreb Islámico (AMI) aprovechando el vacío para infiltrarse a escasos kilómetros de las costas europeas.
Hoja de ruta para la transición
El pasado 17 de agosto, el CNT realizó una "declaración constitucional" en la que explicaba la hoja de ruta una vez que tomara el poder.
El CNT se convertirá en "la más alta autoridad del estado y el representante legítimo del pueblo" y nombrará un gobierno interino en un plazo máximo de un mes.
Este gobierno tendrá ocho meses para organizar la elección de una "Conferencia Nacional" con 200 miembros. En su primera sesión, el CNT cederá el poder a la Conferencia, que a su vez nombrará un primer ministro y un comité encargado de la redacción de una nueva Constitución.
La nueva ley máxima será sometida a referendum y adoptada si así lo aprueban los dos tercios del electorado. Esto dará paso a la celebración de las primeras elecciones generales. Los rebeldes se comprometen a que el proceso sea supervisado por ONU y otras organizaciones internacionales.