La "regla de gasto" propuesta por Zapatero sería la segunda reforma de la Constitución

• La única modificación se produjo como consecuencia del Tratado de Maastricht
• IU ha anunciado que solicitará que se apruebe por referéndum

La propuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "establecer una regla de gasto” en la Constitución será, de llevarse acabo, la segunda reforma que afecte a la Carta Magna desde su aprobación en 1978.

La primera y hasta ahora única reforma tuvo lugar en 1992, tras la firma en Maastrich del Tratado de la Unión Europea. Se trata de una modificación mínima, realizada en agosto de ese mismo año, y que permitía la futura elección de alcaldes y concejales procedentes de cualquier estado de la Unión.

El artículo modificado fue el 13.2, en el que solo se añadieron dos palabras, "y pasivo", al referirse al derecho de sufragio en las elecciones municipales.

El trámite comenzó en el Congreso de los Diputados el 7 de julio de 1992 con la proposición de reforma, presentada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Catalán (CIU), Izquierda Unida-Iniciativa per Cartalunya, CDS, Vasco (PNV) y Mixto, y aprobada en Pleno.

Tras ser remitida la Senado el 23 de julio y previo debate del dictamen de la Comisión de Constitución, el 30 de ese mes se aprobó en el Pleno de la Cámara Alta.

Finalmente, el 20 de agosto se publica el texto definitivo en el Boletín Oficial de las Cortes y el 27 de agosto el Rey promulga y sanciona la citada reforma constitucional. El texto se publica en el BOE al día siguiente.

La Constitución contempla dos procesos para ser modificada

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha señalado durante el pleno que la modificación de la Constitución puede hacerse antes de que finalice la legislatura, pero solo si se presenta esta semana.

Esto obligaría a realizar su tramitación por el procedimiento de urgencia, trámite que también se siguió en 1992. Como ha indicado Bono, para que la reforma se lleve a cabo antes de que finalice la legislatura, hay que convocar dos plenos: uno el 30 de agosto y otro el 1 de septiembre.

Según fuentes del Gobierno, la modificación se aprobaría como Proposición de Ley a menos que una décima parte de la Cámara solicite un referéndum, algo que pedirá IU, según ha avanzado ya la formación.

De hecho, las redes sociales ya se han hecho eco de la posibilidad de recurrir a la consulta popular para darle el visto bueno a la propuesta del Gobierno, que recibiría el apoyo del PP según ha confirmado Mariano Rajoy. El hashtag #yoquierovotar es trending topic en Twitter, y en Facebook los grupos en contra de la reforma crecen en número de seguidores por momento.

En ese caso el legislativo deberá consultar a la ciudadanía en referéndum, si debe incluirse en la regla de gasto propuesta en la Constitución, y lo que en consecuencia no permitiría aprobarla antes de finales de septiembre, momento en el que se convocarán las elecciones oficialmente y se disolverán las cámaras

Sin embargo, la Constitución española prevé en el Título X dos procedimientos mediante los que aprobar una supuesta reforma constitucional, uno ordinario y otro agravado. En ambos casos la modificación del texto debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados y por el Senado, así como sancionada y promulgada por el rey.

El procedimiento agravado es obligado cuando la propuesta sea de revisión total de la Constitución o cuando, aun siendo parcial, afecte a aspectos fundamentales de la misma.

Otras iniciativas que han llegado al Congreso

Más allá de todas aquellas iniciativas que han intentado llegar al Congreso de la Diputados la reforma constitucional, solo dos han llegado a ser tramitadas.

Ambas tuvieron lugar en la quinta legislatura, más concretamente en 1995, y pretendían la reforma del segundo apartado del artículo 13. La primera la presentaron  el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y fue inadmitida a trámite en términos absolutos. En la segunda se le sumó el Grupo Mixto, y su tramitación terminó caducando.

El 15 de abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura, propueso la reforma parcial de la Constitución en cuatro aspectos. Pretendía reformar el Senado, el orden de sucesión de la Corona, reforzar las Comunidades Autónomas, e incluir una referencia a la Constitución Europea en el texto español.

Dichas reformas fueron discutidas durante dos años por una comisión de diálogo, y terminaron en 2006 convertidas en un informe sin mayor repercusión.