Zapatero propone modificar la Constitución para limitar el déficit y la deuda y Rajoy lo acepta
- Pide afrontarlo con "naturalidad"; dice que su aplicación sería en 2018 o 2020
- La reforma de la Constitución se haría mediante una Proposición de Ley
- "Para mí el control del déficit público no es un dogma, es una necesidad"
- Convalidadas las últimas medidas del Gobierno solo con los votos del PSOE
- El presidente anuncia la prórroga de los 400 euros para los parados
Ver también: Especial sobre la crisis de deuda en Europa
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha propuesto este martes en el Congreso de los Diputados "establecer una regla de gasto en la Constitución para garantizar a medio y largo plazo la estabilidad presupuestaria" mediante el límite del déficit y de la deuda pública. Durante el pleno, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que apoyará por "coherencia política" la propuesta, al igual que UPyD y CC. Por su parte, CiU ha señalado que la reforma es una "tendencia necesaria", si bien ha dicho que decidirá dependiendo de la flexibilidad que establezca. PNV, IU, ERC y BNG se han mostrado en contra por diferentes motivos.
"Debemos adoptarla con todo el consenso posible a partir de una iniciativa parlamentaria", ha señalado Zapatero, quien en su intervención ha dicho que ya había hablado de esta propuesta con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que convenció anoche, y que considera que "es factible sacarla adelante con todo el consenso posible a partir de una iniciativa parlamentaria" a la que ha pedido que se sumen todas las fuerzas políticas.
“Pido a los grupos que se concrete la ley de reforma constitucional de inmediato“
"Invito a los dos grupos mayoritarios, y a los demás, a que lo concreten en una proposición de ley de reforma constitucional que pudiera ser aprobada de inmediato", ha señalado Zapatero, quien también ha subrayado que "el camino (de la contención de gasto) está trazado y cabe confiar en que el Gobierno que salga de las urnas a finales de año, sea del signo que sea, continuará transitando por él".
Durante el pleno, el presidente ha pedido que se vea la reforma de la Constitución con "naturalidad", como se hace en otros países. Y ha aclarado que la introducción de la regla de gasto sería "proyectada en el tiempo a varios años, para que se aplicara en 2018 o 2020". Es decir, que no entraría en vigor hasta entonces.
España recoge el guante de Alemania
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha señalado en los pasillos del Congreso que la modificación de la Constitución podría hacerse antes de que finalice la legislatura, pero solo si se presenta esta semana. Y obligaría a convocar dos plenos: uno el 30 de agosto y otro el 1 de septiembre. Según fuentes del Gobierno, la modificación se aprobaría como Proposición de Ley a menos que un 10% de la Cámara solicite un referéndum, algo que pedirá IU, según ha avanzado ya la formación.
España, tal y como ya hiciera Italia, recoge el guante y secunda la propuesta efectuada hace una semana por el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, quienes propusieron que los países de la zona euro adopten antes de que finalice el verano de 2012, una regla básica, para que los 17 estados del euro incluyan un objetivo de equilibrio presupuestario en sus constituciones.
Sin embargo, el presidente ha subrayado que la reforma de la Carta Magna "no es una imposición", pero ha reconocido que "en Europa existe un creciente consenso para que se haga".
Durante la réplica del presidente del Gobierno al BNG, Zapatero ha asegurado que, en su opinión, "el control del déficit público no es un dogma, es una necesidad" porque "cuando hay una crisis de deuda, que no deja de ser una acumulación de déficit excesivos, son aquellos que tienen una circunstacia económica más dificil los que, al final, la pagan".
Medidas en el mercado de trabajo
Además, el presidente del Gobierno ha avanzado que el próximo viernes el Ejecutivo aprobará una serie de medidas sobre el mercado de trabajo. Entre ellas, Zapatero ha subrayado que se prorrogará por seis meses la ayuda de 400 euros que reciben los parados sin otra prestación y que está ligada a la formación que reciban.
El llamado Plan Prepara finalizó el pasado día 16 de agosto y, según el Ministerio de Trabajo, ha beneficiado a unos 190.000 desempleados. Se puso en marcha el pasado 15 de febrero como sustituto del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que contemplaba ayudas de 426 euros para los parados que hubieran agotado sus prestaciones por desempleo.
En la sesión extraordinaria de este martes, Rodríguez Zapatero ha anunciado también que el próximo viernes, el Consejo de Ministros ampliará el plazo de las bonificaciones para convertir los contratos temporales en contratación indefinida y se prorrogará el pago por parte del FOGASA (Fondo de Garantia Salarial) de ocho días para aquellos despidos objetivos, que se indemnizan con 20 días por año trabajado.
Zapatero también ha señalado que, para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, "se adaptarán las modalidades de contratación".
Defensa de las medidas antidéficit aprobadas
En el pleno extraordinario celebrado en el Congreso, el presidente del Gobierno ha defendido las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en un Real Decreto-ley, convalidado por la Cámara Baja solo con los votos a favor del PSOE (169) y gracias a la abstención de PP, CiU, PNV, UPN, CC y UPyD (165). En contra han votado IU, ICV, ERC y BNG (7).
"Con la reducción del gasto farmacéutico y el cambio en la retención del Impuesto de Sociedades (con las que se prevé ingresar 5.000 millones), más las subastas del espacio radioeléctrico efectuadas por valor de 2.000 millones, tendremos un 0,5% del PIB de margen para lograr el objetivo del déficit", ha señalado Zapatero.
El presidente del Gobierno ha señalado que el Estado cumplirá con el déficit, pero que estas medidas se han efectuado para tener un margen suficiente como para corregir las posibles desviaciones en las cuentas que pudieran tener las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos.