PSOE y PP acuerdan incluir el déficit en la Constitución y las cifras en una Ley Orgánica

• PP y PSOE han presentado el texto en el registro de la Cámara Baja
• Diversos agentes sociales piden la convocatoria de un referéndum
• CiU se desmarca de la reforma y no garantiza su voto

El PSOE y PP descartan un referéndum ante la reforma y buscan ampliar el consenso

Los portavoces del PSOE y del PP en el Congreso, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, han acudido juntos este viernes a registrar en la Cámara Baja el acuerdo de proposición de reforma constitucional para limitar el gasto público.

En una imagen poco habitual, Alonso y Sáenz de Santamaría han llegado al Registro del Congreso para cumplimentar el primer trámite parlamentario de la propuesta de reforma de la Carta Magna, que establece una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas.

El PSOE y el PP cerraron esta madrugada el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una regla de gasto que limite el déficit y la deuda de todas las administraciones públicas. Gracias al pacto, la disciplina de equilibrio presupuestario llega a la Carta Magna, que no recogerá ninguna cifra concreta. Esta se establecerá mediante el desarrollo de una futura Ley Orgánica, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas.

Después de intensas negociaciones mantenidas en los dos últimos días, especialmente en la jornada de este jueves, el acuerdo ha fraguado entre PSOE y PP, aunque por el momento no ha sido posible sumar a otras fuerzas parlamentarias, han informado a Efe fuentes socialistas.

Con este consenso, el techo de déficit y deuda se saca fuera de la reforma de la Carta Magna, que no recoge ninguna cifra a este respecto, tal y como pretendía Alfredo Pérez Rubalcaba, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.

Las concreciones se dejan para la Ley Orgánica que tendrá que ser aprobada antes del 30 de junio de 2012, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.

Se distribuiría del siguiente modo: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26% del Producto Interior Bruto nacional (PIB), en tanto que el déficit estructural en que podrá incurrir cada Comunidad Autónoma no podrá superar el 0,14% de su PIB. Las entidades locales, es decir los ayuntamientos, deberán presentar equilibrio presupuestario.

Disciplina de equilibrio presupuestario

Mediante la nueva ley, según el acuerdo alcanzado, se fijarán los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135.

Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.

Se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales.

Respecto a la reforma de la Constitución, debe llegar este viernes al registro del Congreso para poder poner en marcha los mecanismos de su tramitación y que durante la próxima semana haya tiempo de aprobarla con carácter de urgencia y por la vía de lectura única.

Intensas negociaciones

La portavoz del grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntaba horas antes que el PSOE y su partido estaban "muy cerca del acuerdo definitivo" sobre la reforma constitucional para fijar un tope de déficit en la Constitución.

Fuentes del PP y PSOE aseguran que está muy cerca el acuerdo entre los partidos para llegar a un acuerdo sobre la reforma constitucional para establecer un techo de gasto. Zapatero y Rajoy han negociado directamente esta reforma. Rubalcaba está satisfecho con el más que previsible acuerdo.

"La negociación sobre la reforma Constitucional que estamos llevando a cabo el Partido Popular y el Partido Socialista está muy avanzada. Estamos muy cerca del acuerdo definitivo. Está siendo una negociación muy fluida y fructífera, como se planteó desde el principio", destacaba Sáenz de Santamaría en un comunicado.

Para ello, Zapatero y Rajoy han mantenido contactos "frecuentes y constantes" en el que han intercambiado documentos ya que, apuntaba la portavoz 'popular', han sido los máximos dirigentes del PSOE y del PP los que han "dirigido" una negociación que, ha apuntado, "se ha desarrollado por parte de las direcciones de los grupos parlamentarios".

Críticas internas en las filas socialistas

La coordinadora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, restaba importancia a la división interna, un hecho "relativamente grave", en la medida en que es comprensible que se haya generado un debate sobre esto, y más en un partido como el suyo, "que debate abiertamente".

En principio, la fórmula sugerida por Rubalcaba ha sido acogida con buenos ojos entre las filas socialistas, algunos de cuyos diputados se habían cuestionado la conveniencia de introducir constitucionalmente una regla de gasto.

La receta del candidato socialista, según varios diputados del PSOE, permitirá controlar el déficit sin poner en riesgo las políticas sociales en coyunturas económicas adversas.

Uno de los "padres" de la Constitución, el ex presidente del Congreso Gregorio Peces Barba, respaldaba la reforma, pero siempre que se incluyan límites que impidan recortes en educación, sanidad y protección social.

Si se aprueba sin esos "matices", a su juicio, el PP podría "entrar a saco" en asuntos como el copago sanitario o la Seguridad Social si llega al Gobierno.

El primer secretario del PSC, José Montilla, manifestaba que no es "un entusiasta" de la reforma constitucional que impulsa el Gobierno, aunque ha considerado que "hoy no hacer esta reforma tiene más costes que hacerla".

"No soy un entusiasta de esta reforma; no estaba en nuestro programa. No lo digo porque de entrada esté a favor de los déficits; la estabilidad presupuestaria es buena, pero el déficit a veces es necesario. Con un crecimiento bajo de la economía hacen falta incentivos públicos", manifestaba Montilla.

Partidarios y opositores a la aprobación por referéndum

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, por su parte, hacía un llamamiento a los diputados socialistas para que rompan la disciplina de voto y se opongan a una reforma que, en su opinión, "consagra el interés de los mercados y no el de la ciudadanía".

Mientras tanto, casi 62.000 personas han firmado ya el manifiesto promovido a través de las redes sociales para reclamar que este cambio constitucional sea sometido a referéndum.

De esa posibilidad ha hablado la encargada de la ponencia política del PSOE, la ex ministra Cristina Narbona, quien subrayaba que esta opción "existe" y que su celebración dependerá de que se alcance un "amplio" consenso parlamentario.

Quien tiene muy claro que un referéndum acarrearía más problemas de los que resolvería es el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar.

También lo ha rechazado la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, con el argumento de que se trata de una reforma "muy técnica" como para convocarlo.

Aprovechando este debate, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, adelantaba que los nacionalistas vascos pedirán que también se incluya en la reforma el derecho de autodeterminación.

Desde el ámbito autonómico, al que también afectaría esta disciplina fiscal, los presidentes de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE), La Rioja, Pedro Sanz (PP), y Canarias, Paulino Rivero, apostaban por la flexibilidad.

CCOO y UGT han exigido al Gobierno que someta a referéndum la reforma de la Constitución, al tiempo que han mostrado su "firme rechazo" a que la exigencia del "déficit cero" sea incluida en la Carta Magna.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos avanzaban que estudiarán "con la máxima urgencia", y en coordinación con otras organizaciones sociales, eventuales movilizaciones para que la ciudadanía pueda expresar su rechazo a esta reforma.

Las centrales sindicales consideran la reforma "sumamente inconveniente" porque limitará la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico.