Italia da marcha atrás en la creación de un impuesto para las rentas altas

• Preveía gravar con un 5% las rentas superiores a 90.000 euros
• Formaba parte del plan de ajuste para reducir el déficit en 45.000 millones

El Gobierno italiano retira su propuesta de aumentar los impuestos a los más ricos

El Gobierno italiano ha decidido retirar de su último plan de ajuste presupuestario para el próximo bienio el llamado "impuesto de solidaridad", que preveía gravar con un 5% adicional las rentas anuales que superaran los 90.000 euros y con un 10% las que sobrepasaran los 150.000 euros.

La decisión ha sido adoptada este lunes en la reunión que han mantenido el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y su aliado en el Gobierno, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, celebrada pocas horas antes de que se cerrara el plazo para la presentación de enmiendas al texto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 12 de agosto.

Las nuevas medidas antidéficit del Gobierno italiano se enmarcan en un plan para ahorrar 45.000 millones de euros con medidas como la agrupación de entidades locales. El Banco Central Europeo había advertido a Italia sobre la necesidad de que aplicara nuevas medidas contra el déficit, al mismo tiempo que se comprometía a intervenir en el mercado secundario de deuda para relajar la presión sobre la deuda soberana de países como Italia y España, que había alcanzado máximos históricos a comienzos de este mes de agosto.

Será sustituido por "nuevas medidas fiscales"

En un comunicado emitido tras la reunión, se informa de que el "impuesto de solidaridad" será sustituido por "nuevas medidas fiscales que tendrán como objetivo eliminar los abusos en los registros de propiedad y en la inscripción del patrimonio a nombre de terceros para eludir el pago de impuestos, así como la reducción de ventajas fiscales a las sociedades cooperativas".

Asimismo, durante el encuentro se ha decidido reducir el impacto del plan de ajuste previsto inicialmente para ayuntamientos, provincias y regiones, que en el texto aprobado por el Consejo de Ministros se cifraba en cerca de 9.500 millones de euros entre 2012 y 2013.

Se ha acordado además la realización de intervenciones de naturaleza constitucional en las medidas destinadas a reducir los parlamentarios, así como en la supresión de provincias.

Según el plan aprobado en Consejo de Ministros, estaba previsto que se suprimieran las provincias con una población inferior a los 300.000 habitantes o a los 3.000 kilómetros cuadrados, lo que suponía la desaparición de unas 29 provincias en todo el Estado