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Uruguay publica 88 crímenes cometidos durante su dictadura que ya podrán ser juzgados

  • Los jueces podran investigar estas causas detenidas desde 1989
  • El presidente de Uruguay desbloqueó estas causas el pasado junio
  • Entre 1973 y 1985, cerca de 100 personas murieron en las cárceles

Ver la lista en PDF de los 88 desaparecidos durante la dictadura (1973-1985)

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El gobierno de Uruguay ha publicado una lista de 88 desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), cuyos juicios, detenidos por la Ley de Caducidad, desbloqueó el presidente José Múgica mediante un decreto el pasado mes de junio. Ahora los jueces podrán conocer estas causas judiciales y solicitar la reapertura de cada caso concreto.

La ley de Caducidad obliga a los jueces a pedir permiso al Gobierno uruguayo para poder procesar a los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de haber violado los derechos humanos durante la dictadura.

El pasado mes de mayo fracasó un proyecto oficialista para anular esta ley por la disidencia de un diputado oficialista. Víctor Semproni argumentó que se trataba de un plan inconstitucional porque iba en contra de dos referendos –la ley de caducidad fue ratificada por la ciudadanía dos veces, en 1989 y 2009 – y pretendía aplicarse con carácter retroactivo.

El pasado mes de junio, el presidente José Múgica revocó “por razones de legitimidad” la decisión de gobiernos anteriores de incluir estos 88 casos dentro de la Ley de Caducidad.

De esta manera, anula decisiones tomadas en el pasado por los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005), que impidieron la investigación de todos los casos que llegaron a sus manos. Con la llegada de la izquierda al poder en 2005 el Ejecutivo comenzó a autorizar varias investigaciones y los principales líderes de la dictadura fueron condenados, como el dictador Juan María Bordaberry (1973-1976).

Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, durante la dictadura uruguaya murieron cerca de cien personas en cárceles y cuarteles, mientras que al menos 34 personas quedaron en paradero desconocido tras ser detenidas por fuerzas policiales y militares..

Uno de los motivos que impulsó a Mújica a desbloquear estos casos fue la cercanía del 1 de noviembre, fecha de prescripción de los delitos cometidos en aquella época, según una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia.