El juez Ruz levanta el secreto del sumario de la causa del desvío de dinero en la SGAE

• Doce personas se encuentran impurtadas en el proceso
• El juez admite la personación de otros cinco socios afectados

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado levantar el secreto de la causa en la que se investiga el desvío de fondos en la filial digital de la SGAE y ha admitido la personación como acusación particular de otros cinco socios de la entidad que se consideran afectados, informaron hoy fuentes jurídicas.

La medida ha sido adoptada con el visto bueno de la Fiscalía, que el pasado viernes remitió un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que le solicitaba el levantamiento del secreto "una vez que se habían practicado las declaraciones de los imputados y todas las pruebas testificales", por lo que habían "cesado las razones que motivaban" la adopción de esta medida.

En el marco de esta causa, que analiza las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la Sociedad Digital de Autores Españoles (SDAE), el juez también ha admitido la personación como acusación particular de los socios de la SGAE Luis Cobo Alvarez, Antoliano Toldos Extremera, José Antonio Prieto López, Marcos Joaquín Navarro y Hermes Orlando Calabria Mounic.

Todos tienen un plazo de cinco días para designar a un abogado común después de que el magistrado haya entendido que deben compartir "una misma representación procesal" debido a "la convergencia de intereses" que existe entre ellos "por su condición de socios de la SGAE".

En el procedimiento, en el que se encuentran imputados un total de 12 personas, también está personado como acusación particular José Miguel Fernández Sastrón, líder de la candidatura opositora a la dirección de la SGAE que se presentó a las últimas elecciones de la SGAE bajo la denominación 'De otra manera' (DOM).

Bautista "autorizó, consistió e impulso"

Los dos principales imputados son el ex director de la SDAE y presunto cabecilla de la trama, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente. El juez les atribuye los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

El procedimiento también se sigue contra Eduardo 'Teddy' Bautista, expresidente de la SGAE; Enrique Loras, exdirector general; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa. También están imputadas tres familiares de Ramos, su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez, y otros dos de Rodríguez Neri, su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Alvarez.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri.