La Audiencia Nacional acepta investigar el acoso a los diputados del Parlamento catalán

• Considera que podrían constituir un delito contra Altos Organismos de la Nación
• Varios diputados fueron insultados e incluso manchados con pintura
• Consulta en el auto de la Audiencia Nacional en pdf

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una  investigación sobre los incidentes que se produjeron el pasado 15 de  junio frente al Parlamento de Cataluña, cuando un grupo de  manifestantes del movimiento 15-M trató de impedir el acceso de los  parlamentarios autonómicos a la Cámara legislativa, y ha reclamado a  la Fiscalía de Barcelona que le envíen las grabaciones que tengan  sobre estos hechos.

En un auto dictado este miércoles, el magistrado admite a trámite  la querella presentada por el sindicato Manos Limpias pero únicamente, tal y como pidió la Fiscalía el lunes, para perseguir los  "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la  Cámara legislativa autonómica dirigidos a impedir la asistencia a sus  sesiones y a entorpecer su labor".

El juez instructor entiende que los hechos denunciados podrían  constituir un delito contra los Altos Organismos de la Nación,  castigado con entre tres y cinco años de cárcel, y rechaza investigar  los "incidentes contra el orden público", "atentados" y actos de  "resistencia o desobediencia" que también se produjeron y que se  estudian en los Juzgados de Barcelona.

A la Fiscalía de la capital catalana le reclama, además de las  "grabaciones en formato electrónico que posean", las diligencias que  ha llevado a cabo y gracias a las cuales se pudo "identificar a  algunos autores de los hechos".

Algunos diputados autonómicos fueron objeto de insultos, abucheos  y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque  de la Ciudadela de Barcelona, mientras que otros, como el presidente  de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Núria  de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.

Fianza de 3.000 euros a Manos Limpias, de los 50.000 que pedía la fiscal

A pesar de que la fiscal Teresa Sandoval solicitó que se impusiera  a Manos Limpias una fianza de 50.000 euros para poder personarse en  la causa en un escrito en el que le acusaba de pretender establecer  "una inquisición general" contra todas las actividades del 15-M, el  juez acuerda rebajar esa petición a 3.000 euros, dado "el interés  ciudadano" que, a su juicio, tiene "la persecución de delitos que  afectan a sus instituciones esenciales, cual es el caso del  Parlamento de Cataluña".

De igual forma, destaca la necesidad de "permitir el legítimo  ejercicio de la acusación popular, compatibilizándolo con la  intención legal de resarcir en su caso los hipotéticos daños y  perjuicios que pudieran derivarse del uso inadecuado de esta  institución procesal".

La Fiscalía, sin embargo, apuntó en su escrito que las actuaciones  de Manos Limpias eran "difícilmente compatibles con el legítimo  interés de que se imparta justicia", al pedir que se investigaran en  un mismo procedimiento otros incidentes que se produjeron en Madrid,  Valencia, Getafe o Alcalá de Henares.

A su juicio, la pretensión de los querellantes "quiebra las más  elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una  inquisición general prohibida en nuestra Constitución, y  particularmente proscrita por la doctrina constitucional".