La Fiscalía investigará, como pedía la OCU, si los notarios cobran de más por cancelar las hipotecas

• La organización de consumidores, calcula que el 92% presenta irregularidades
• El importe medio es de 260 euros cuando no debería exceder los 70
• Los notarios creen que no se pueden extrapolar a todos los notarios

La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para esclarecer si, como denunció la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los notarios y los registradores cobran de más a quienes quieren cancelar su hipoteca.

Desde el Consejo General del Notariado han asegurado que los casos de supuestos casos de cobros ilegales "no pueden extrapolarse a la totalidad de los notarios y de las cancelaciones hipotecarias de 2010". El Consejo se compromte a aportar "toda su colaboración" para esclarecer los casos.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado al fiscal de sala delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, José María Paz Rubio, la apertura de diligencias informativas, una vez recibida la denuncia.

El pasado día 6, la OCU dio a conocer las conclusiones de un análisis realizado sobre las minutas que los notarios y registradores cobran a los consumidores por la cancelación de su hipoteca, que señalaban que "cobran de más" a sus clientes, "ignorando las tarifas aplicables al caso".

La asociación de consumidores anunció ese mismo día que se había dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía "ante la gravedad de los hechos".

La OCU pidió que estas instancias requieran al colectivo de notarios y registradores la revisión de todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y la devolución, en su caso, de las cantidades "indebidamente cobradas a los clientes".

Las facturas remitidas por los propios socios de la OCU sirvieron como muestra del estudio y el 92% de las mismas, según la asociación, revelaba "prácticas ilegales".

La OCU estima en 93 millones los cobrados de forma indebida

La OCU extrapoló esos datos a las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010 y calculó que notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones en un solo año.

La asociación denunció que notarías y registros incumplen la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que supuso un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca.

El cambio normativo estableció que el notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada, por lo que si se suman a ese importe los demás conceptos, una escritura de diez páginas no debería costar más de 70 euros.

Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU es de 260 euros.

Además, según la asociación de consumidores, el registrador debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver, que es igual a cero cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada, y reducir el resultado en un 90%.