Amnistía Internacional insta a los rebeldes a detener la espiral de abusos en Libia

• La ONG constata crímenes de guerra por las dos partes en el conflicto
• Expresa especial preocupación por los inmigrantes africanos en el país

La organización Amnistía Internacional ha constatado sobre el terreno las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto de Libia por las dos partes y ha instado al Consejo Nacional de Transición a detener la espiral de abusos.

El extenso informe, publicado este martes, revela que mientras las fuerzas de Gadafi cometieron crímenes de derecho internacional generalizados, los combatientes rebeldes también cometieron abusos que en algunos casos equivalieron a crímenes de guerra.

En el primer caso, la ONG habla de ataques indiscriminados, homicidios masivos de presos, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, en la mayoría de los casos contra la población civil.

Pero la organización también ha documentado un brutal “ajuste de cuentas” por parte de los rebeldes cuando las fuerzas del régimen fueron expulsadas de la región oriental del país, como el linchamientos de soldados capturados.

Desde febrero, decenas de personas acusadas de ser mercenarios de Gadafi han perdido la vida. Un comité de la ONU ya denunció estas violaciones por ambos bandos y la Corte Penal Internacional ha acusado de crímenes de guerra a Gadafi.

“El CNT tiene la responsabilidad de hacer las cosas de otra manera“

“El Consejo Nacional de Transición tiene ahora la responsabilidad de hacer las cosas de otra manera, poner fin a los abusos e iniciar las reformas en derechos humanos tan urgentemente necesarias”, ha declarado Claudio Cordone, director general de investigación de Amnistía Internacional.

Amnistía advierte de que, mientras continúan los combates existe el peligro de que estas constantes se repitan, y los más amenazados son los inmigrantes de países africanos.

Entre un tercio y la mitad de las personas recluidas en los centros de detención de Trípoli y Al Zawiya son extranjeros, según el informe de Amnistía, que cree que en su mayoría son trabajadores y no combatientes.