Las clínicas abortivas rompen el convenio con C-LM y la Junta les ofrece diálogo
- Las clínicas con convenio reclaman más de un millón de euros
- Atenderán casos de especial riesgo socio sanitario o económico
- C-LM dice que es solo una parte de los 1.100 millones que deben
Las siete clínicas abortivas que acordaron con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha la práctica de abortos a raíz de la entrada en vigor de la ley en julio del año pasado han roto ese convenio al no haber recibido ningún pago desde entonces, por lo que se les adeuda más de millón de euros, lo que consideran "insostenible".
La Junta asegura que es solo es parte de una gran "deuda heredada" y que les ofrecerán diálogo para saldar la deuda. Sin embargo, ese ofrecimiento de diálogo ha llegado un día después de que las clínicas denunciasen públicamente la situación de impago y de falta de negociación, y de que además anunciasen que no podrían seguir asumiendo sus servicios a la Junta.
Según Luisa Torres, portavoz de la clínica Dator, unas 300 mujeres al mes solicitan una intervención y, dadas, las circunstancias, ahora "están en situación de riesgo",no podrán ser atendidas, salvo los casos que "tengan una especial situación socio-sanitaria o económica", en atención a un compromiso, que dice a RTVE.es, siempre han tenido con las mujeres.
La vía que les queda es pagar por la intervención y después reclamarlo a la admistración, pero la portavoz puntualiza que les informan "de que no hay garantía" de que la Junta se lo reintegre, dado que a ellos no les han pagado "desde que la ley entró en vigor".
3.000 operaciones en 14 meses
Una intervención de bajo riesgo, anterior a las 12 semanas, puede costar alrededor de los 300 euros. Torres ha explicado que desde la firma de los convenios estas clínicas han practicado alrededor de 3.000 operaciones, todas ellas de bajo riesgo.
Además de la clínica Dator, también han llegado a este acuerdo las otras seis con convenio: El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Medica, Iris y el Instituto Ginecológico Murcia.
Torres además lamenta que cada comunidad haga una interpretación diferente de la ley y, "en general restrictiva". Apunta que en algunas autonomías como la andaluza, sin embargo, no suelen tener problemas.
La relación contractual entre las clínicas y la Junta comenzó hace catorce meses como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual, Derechos Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La administración dice que dialogará
Las clínicas -localizadas en Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Albacete- primero denunciaron el convenio y ahora han anunciado la ruptura del mismo.
Aseguran que la Junta de Castilla-La Mancha no les ha ofrecido ningún tipo de compromiso, ante las solicitudes de conciliación por parte de las clínicas.
Sin embargo, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha mostrado su voluntad de dialogar para solucionar el conflicto surgido con las clínicas abortistas, aunque ha recordado a estos centros que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha adeuda a proveedores cerca de 1.100 millones de euros.
De este modo lo han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento que dirige José Ignacio Echániz, quienes han indicado que el director gerente del SESCAM, Luis Carretero, se puso este jueves en contacto con los responsables de estos centros y les ofreció mantener un encuentro un encuentro en próximos días, aunque las clínicas optaron por hacer público el dinero que se les debe.
Desde la Consejería admiten, no obstante, que estos centros se pusieron en contacto con el departamento que dirige Echániz el pasado mes de agosto, reclamando por escrito una reunión con los responsables del SESCAM para ponerles al tanto de los pagos que el anterior Ejecutivo socialista les debía desde julio de 2010.