La Junta revierte al Estado las competencias sobre el río Guadalquivir ante la falta de acuerdo

• El Ejecutivo andaluz seguirá reclamando las competencias sobre el río
• Lo harán por la vía del artículo 150.2 de la Constitución española

La Junta de Andalucía ha decidido este viernes revertir al Estado todas las competencias sobre el Guadalquivir ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo jurídico con el Gobierno, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el traspaso del control exclusivo del río a la comunidad andaluza.

Este anuncio se produce después de que Gobierno y Junta no hayan logrado cerrar un acuerdo sobre la transferencia de la gestión a la comunidad autónoma de las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio. Este viernes terminaba el plazo de la prórroga de la encomienda de gestión sobre el río Guadalquivir por parte del Gobierno central, una solución transitoria acordada entre ambas partes para garantizar la administración mientras se desarrollaba el proceso de adecuación al ordenamiento jurídico derivado de la sentencia del Constitucional.

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, ha asegurado que el principal escollo para lograr un acuerdo con el Ejecutivo central ha sido la inseguridad jurídica en que quedarían los seiscientos trabajadores relacionados con la administración del río.

Según ha explicado, las dudas jurídicas sobre la posibilidad de adscribir personas vía encomienda de gestión por parte del Estado "no se han disipado por completo, lo que introduce un factor de inseguridad jurídica bastante relevante que no podíamos dejar pasar por alto", sobre todo, cuando había precedentes de encomienda de gestión con traspaso de medios materiales y humanos.

Ha recordado que, en el apartado de personal, el Estado traspasó en su día a la Comunidad 849 empleados y que ahora la Junta le devuelve el mismo número, distribuidos en 193 funcionarios, 427 laborales y 229 vacantes.

Con respecto a la policía de aguas, según ha explicitado, no se planteaba ningún problema para su transferencia, pero al final no se producirá porque ello "no satisface ni de lejos las aspiraciones de la Junta sobre el Guadalquivir ni permite un papel lo suficientemente relevante sobre la gestión del río".

Proposición de ley para la transferencia

En el Parlamento andaluz ya se está tramitando una proposición de Ley del PSOE-A que plantea esa vía para la transferencia del Guadalquivir y que, una vez aprobada, sería remitida a las Cortes Generales, que son las que tendrían la última palabra al respecto. El Consejo Consultivo está elaborando además un informe sobre la citada iniciativa y despejar cualquier duda de legalidad.

Respecto al impacto económico de la reversión, la consejera ha expuesto que la transferencia ha estado cifrada en 78 millones de euros en 2011 por parte del Estado. Esos son los recursos que, según ha apuntado, Andalucía deja "de recibir y que deja de gastar", precisando que, en ningún caso, se pueda hablar de "pérdida económica".

Por otro lado, Moreno ha querido dejar claro que la Junta no tiene "ninguna duda" de la "voluntad política" del Gobierno para cerrar un acuerdo satisfactorio, que no ha sido posible por "dificultades jurídicas" advertidas por los servicios jurídicos del Estado, y ha avanzado que el Ejecutivo andaluz seguirá reclamando estas competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

En este sentido, la consejera andaluza ha aprovechado su comparecencia para agradecer los esfuerzos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de los ministerios de Política Territorial, de Hacienda y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino porque la voluntad política ha sido compartida en todo momento de "alcanzar una solución que fuera satisfactoria y viable".

Ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que se ha puesto en contacto este viernes con el presidente del PP-A, Javier Arenas, y con el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, para informarles del asunto, ha tenido siempre claro que cualquier acuerdo tendría que ser "pacífico en términos jurídicos y con contenidos sustantivos" y que, en modo alguno, en el ánimo de la Junta ha estado plantear ningún tipo de "pleito".

Los antecedentes

Ambas administraciones han estado trabajando hasta el último momento para intentar cerrar un acuerdo. Miembros de la Junta se han trasladado a Madrid en los últimos días para mantener reuniones con miembros del Gobierno central e intentar alcanzar un acuerdo.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Juan Díaz Trillo, firmaron el pasado día 7 en Córdoba la prórroga, hasta el 21 de octubre, del convenio de colaboración entre ambas administraciones por el que se encomienda al Gobierno andaluz la realización de determinadas actividades relativas a la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la comunidad.

El convenio de encomienda de gestión que el día 7 de este mes se prorrogó fue firmado el pasado 7 de abril y su duración era de seis meses. La encomienda de gestión prorrogada se planteó como una medida temporal y provisional cuyo objetivo es garantizar la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio público y que es necesaria para la adecuación al ordenamiento jurídico de la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de marzo.

Gobierno y Junta tuvieron que acordar la prórroga de la encomienda de gestión debido a que a última hora surgieron algunos problemas de índole jurídica a la hora materializar la transferencia que se debían resolver y ello hizo imposible que en la primera semana de este mes se celebrara una comisión mixta de transferencia para cerrar un acuerdo definitivo.