La Fiscalía General y la Abogacía del Estado descartan impugnar las listas de Amaiur del 20N
- A día hoy no hay pruebas fundamentadas suficientes para pedir su ilegalización
- El plazo para presentar las impugnaciones ante el Supremo concluye este jueves
- Amaiur es una coalición electoral integrada por los miembros de Bildu y Aralar
La Fiscalía General y la Abogacía del Estado descartan impugnar las listas de Amaiur para las elecciones generales del 20 de noviembre al no haber con los datos recabados hasta ahora pruebas fundamentadas suficientes para pedir su ilegalización, según ha adelantado RNE.
Amaiur es una nueva coalición electoral formada por los integrantes de Bildu (Eusko Alkartasuna, Alternatiba e izquierda abertzale) y Aralar, que en las anteriores elecciones se presentó por Nafarroa Bai.
El plazo para presentar las impugnaciones ante el Tribunal Supremo (TS) concluye este jueves.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por RNE, en este momento "no hay motivos ni indicios nuevos" a la vista de los últimos informes policiales y de la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió a Bildu presentarse a las elecciones municipales del pasado 22 de mayo.
Además, Bildu se presenta en coalición con Aralar, formación legal, con lo que los servicios jurídicos del Estado no ven motivos de impugnación.
De hecho, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha repetido en los últimos días que solo se impugnarían las candidaturas de Amaiur en caso de que exista un mínimo legal y probatorio.
Sin pruebas de ser continuación ETA/Batasuna
Las mismas fuentes explicaron que durante estos últimos días han llegado los informes realizados por la Guardia Civil y la Policía Nacional en relación con las candidaturas presentadas por la citada formación, tanto en las tres provincias vascas como en Navarra, para el Congreso y el Senado.
En estos informes no contienen pruebas incriminatorias contra la coalición en el sentido de que pueda suponer una sucesión de ETA o de Batasuna.
En el informe de la Guardia Civil se hace toda una relación de los nombres de los candidatos con su historial, mientras que en el de Policía Nacional se contextualiza más la conexión de algunos de los candidatos con algunas de las formaciones ilegalizadas. Sin embargo, el número de estos no es significativo según las fuentes consultadas.
Por ello y teniendo en cuenta las limitaciones que ya estableció la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con Bildu, la Abogacía del Estado y la Fiscalía consideran que cualquier acción de ilegalización estaría condenada al fracaso y no recomiendan emprender ningún procedimiento.