El Parlamento francés aprueba las garantías del Estado a Dexia por 32.850 millones de euros

• Aprueban que los directivos de bancos que reciban ayuda estatal no perciban primas
• Fijan la entrega de un informe de los préstamos "tóxicos" suscritos por municipios y regiones

El Parlamento francés ha dado este martes su luz verde a las garantías que debe aportar el Estado en el proceso de desmantelamiento del banco francobelga Dexia, que estaban fijadas en un máximo de 32.850 millones de euros (unos 45.605 millones de dólares).

A través del voto esta tarde en la Asamblea Nacional y esta noche en el Senado, quedó aprobada así la propuesta que se consensuó el pasado 20 de octubre por una comisión mixta paritaria, compuesta por siete senadores y siete diputados.

Diez días antes, los gobiernos de Bélgica, Francia y Luxemburgo habían acordado la partición en tres de ese banco para salvarlo de la quiebra, así como la creación de un "banco malo" para aislar los activos tóxicos que originaron las dudas sobre su situación.

En esa fecha se decidió que a Bélgica le corresponderá garantizar unos 54.000 millones de euros, en torno al 15% de su Producto Interior Bruto (PIB), a Francia 32.850 millones y a Luxemburgo 3.150 millones.

Contrapartidas a los bancos

La propuesta de la comisión paritaria a la que este martes se le dio el visto bueno definitivo estableció que se autorizaban las garantías del Estado francés "a condición de que se establezcan contrapartidas a los bancos cuando se beneficien de apoyo financiero estatal".

Entre ellas se incluye en el proyecto de ley que rectifica los presupuestos de 2011 que los directivos de aquellos bancos que estén recibiendo ayudas estatales no podrán recibir ninguna prima o remuneración variable, un principio de responsabilidad que no figuraba en la propuesta inicial del Gobierno.

Ese texto establece además la entrega al Parlamento de un informe completo sobre el volumen y la naturaleza de los préstamos "tóxicos" suscritos por las colectividades territoriales (municipios y regiones), así como un balance de la labor del mediador encargado de mejorar las relaciones entre las colectividades en dificultad y los bancos.

La votación ha tenido lugar la víspera de una cumbre extraordinaria crucial en Bruselas, en la que se espera que los países de la zona euro logren un acuerdo para hacer frente a la crisis de deuda y a la situación en Grecia.