Detenida la exconcejala de Medio Ambiente y número 2 de Unió Mallorquina por corrupción

• Cristina Cerdó fue concejala y presidenta de la Empresa Municipal de Aguas
• La Guardia Civil investiga supuestas irregularidades de la empresa
• Ya fue detenida por el caso Picnic y ahora ha sido por la operación Ossifar

La expresidenta de la empresa municipal de aguas de Palma y exnúmero 2 de Unió Mallorquina en el Ayuntamiento, Cristina Cerdó, ha sido detenida esta mañana por la Guardia Civil en la segunda fase de la operación Ossifar, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Cerdó, también exconcejala de Medio Ambiente, ha sido trasladada a la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, donde será interrogada a lo largo del día, según las fuentes.

En esta operación se investiga una supuesta trama de corrupción vinculada a la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya).

La operación Ossifar fue iniciada el pasado agosto en torno a supuestas irregularidades detectadas en la citada empresa municipal durante el pasado mandato, cuando estaba controlada por Unió Mallorquina (UM), partido ya disuelto, y era presidida por Cristina Cerdó.

El supuesto "departamento fantasma" que se investiga en esta segunda parte de Ossifar es la Oficina de Atención a la Ciudadanía, del que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que se creó para contratar a personas afiliadas o simpatizantes de UM, pero pagadas con dinero de Emaya.

La exregidora ya fue arrestada el pasado mes de febrero en el marco del caso Picnic, que de forma paralela investiga si UM utilizó fondos públicos del Ayuntamiento para captar nuevos afiliados y futuros votantes de UM en este caso a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Fomento (Imfof).

La fianza más alta a un político balear

Cerdó se encuentra por este caso bajo fianza de 300.000 euros, una de las cauciones más altas impuestas para un político en Baleares, tan sólo por detrás de la impuesta al expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas (tres millones de euros, recientemente rebajada a 2,5 millones) y la expresidenta del Parlament y de UM, Maria Antonia Munar (350.000 euros).

De hecho, en el auto que decretaba prisión provisional bajo fianza para Cerdó, el magistrado Francisco José Pérez aludía a la existencia de indicios que apuntaban a que la exregidora daba las "oportunas órdenes" para indicar qué personas debían ser contratadas por el Ayuntamiento como agentes medioambientales que en realidad habrían realizado labores particulares "única y exclusivamente en claro beneficio de UM".

Pese a que la propia Cerdó rechazó su participación en estos hechos al ser interrogada por el magistrado, el auto señalaba que Cerdó era "conocedora" de que el trabajo de los agentes iba dirigido a la "retención de potenciales votantes". "Con la contratación de gente afín la formación se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil", recalcaba el juez.

El caso Maquillaje

Mientras tanto, Cerdó también se encuentra encausada en un tercer proceso de presunta corrupción, el caso Maquillaje, en el marco del cual fue interrogada en torno al programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

Hasta el momento ya son cinco los imputados dentro de la segunda fase de la operación Ossifar, ya que junto a Cerdó también fue arrestada, el pasado miércoles, L.J.Z., exjefa de un departamento supuestamente 'fantasma' de Emaya, conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía, en el que UM colocaba a sus presuntos agentes electorales.

Asimismo, también se les ha tomado declaración como imputados al el alcalde de Porreres, Bernat Bauzá, y a la exgerente de Emaya, Malen Tortella, así como a la consejera ejecutiva de Melchor Mascaró, Antonia Mascaró, si bien no se descartan nuevas imputaciones a lo largo de este viernes.

El arresto de L.J.Z. se produjo después de que el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM. La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa.