Roca, presunto cerebro de Malaya, admite el pago de empresarios y que "gratificaba" a concejales

• Un imputado reconoce que pagó a Roca 60.000 euros como soborno
• Juan Antonio Roca declara que en Marbella todo lo decidía Jesús Gil
• Último bloque juicio del mayor caso de corrupción municipal en España

El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha admitido este lunes que tres empresas le pagaron a cambio de asesoramiento y que "gratificó" a los concejales para que estuvieran unidos hasta la siguiente legislatura.

También ha reconocido en una de las sesiones del último bloque del juicio de este caso que los apuntes contables de la sociedad Maras son ciertos "en su inmensa mayoría".

Según ha explicado al fiscal, las empresas de las cuales recibió dinero a raíz de ofrecer asesoramiento sobre diversos proyectos son Construcciones Salamanca y Aifos, además del empresario Fidel San Román.

Roca ha asegurado durante su intervención que "el alcalde, Jesús Gil, decidía absolutamente todo en Marbella".

Para Roca, "Jesús Gil decidía prácticamente todo, sobre todo, lo relativo a tema de obra, económico y urbanístico", aunque no acudió, siempre según la versión del exasesor, a ninguna comisión de gobierno.

De esta manera, Roca ha asegurado que Gil era el responsable de todo el tema urbanístico en Marbella y ha resaltado que "pocos o ningunos tenientes de alcaldes de la corporación tenían conocimientos para valorar los convenios".

Roca ha contestado este lunes a las preguntas del fiscal Anticorrupción en el último bloque del juicio del caso Malaya, donde se tratarán los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

“¿Voy deprisa o quiere que se lo explique más despacio?“

Todavía no se ha comenzado el apartado donde se van a dirimir, entre otros, los cohechos que pagaron supuestamente algunos empresarios a Roca para que éste, a su vez, diera parte de los mismos a los concejales.

Altivo y desafiante ante el tribunal

Bastante más delgado, pero con su voz altiva ha ido  contestando a cada una de las preguntas de Anticorrupción y en ocasiones  incluso le ha preguntado al fiscal: "¿Voy deprisa o quiere que se lo  explique más despacio?".

Correcto pero con tono retador en ocasiones, ha asegurado en numerosas ocasiones al fiscal: "No me debo estar explicando bien, se lo repito".

El fiscal le ha preguntado sobre su vinculación con el Ayuntamiento  de Marbella y éste ha asegurado que su relación siempre fue a través de  sociedades municipales.

En este sentido, Roca ha sentenciado que nunca ha "tenido la gestión del Urbanismo en Marbella" y  ha asegurado que él era un técnico más de urbanismo, aunque  posteriormente, la alcaldesa, Marisol Yagüe, le nombró su asesor en  materia de planeamiento urbanístico, pero no tuvo un contrato como  asesor, y su contrato siempre fue como técnico.

Respecto a su relación con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz,  ha explicado que le despidió porque "él sabía que al día siguiente se  iba a producir una moción de censura contra él y decía que yo estaba  detrás".

"No confiaba en mi y me despidió", pero él recurrió al no estar de acuerdo.

Antes de la declaración de Roca, se ha producido el cuarto acuerdo de un empresario con la Fiscalía Anticorrupción para beneficiarse de una reducción de pena.

Un imputado reconoce que pagó 60.000 euros como soborno

La sesión 103 del caso Malaya ha comenzado con la lectura pública del cuarto  acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y  la defensa de un acusado, en este caso Eusebio Sierra.

En el escrito, se reconoce un pago de 60.000 euros "requerido" por Juan Antonio Roca, recogido en uno de los apuntes de los archivos de la sociedad Maras  Asesores, con el fin de que se agilizara el reconocimiento de una  deuda.

Este empresario, Eusebio Sierra, ha reconocido el pago de 60.000 euros al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella como soborno.

El directivo de Proincosta se enfrentaba en el escrito acusatorio del fiscal a una pena de dos años de prisión y 120.000 euros por cohecho, pero tras el acuerdo la petición se rebaja a seis meses de cárcel, por lo que podrá eludir la cárcel a cambio de multa.

Debido a ello, el Tribunal le ha permitido retirarse de la sala de vista y su condena será dictada en la sentencia.