La Audiencia Nacional exime a AENA por la huelga de los controladores

• Un tribunal se pronuncia por primera vez sobre reclamaciones de viajeros

La Audiencia Nacional ha eximido a Aeropuertos Españoles y  Navegación Aérea (AENA) de responsabilidad en los daños causados por  la huelga de controladores aéreos de los días 3 y 4 de diciembre en  2010 y exime al Estado de la posible responsabilidad patrimonial.

El titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 1  de ese tribunal desestima así la demanda de un viajero  afectado. Se trata de la primera vez que se pronuncian los tribunales ante  una reclamación de viajero perjudicado por ese caso.  

Las reclamaciones de los afectados, agrupados en varias plataformas, ascienden a  centenares de millones de euros.

Varios bufetes de abogados habían coincidido en señalar prioritaria esta vía, la reclamación contra AENA frente a otras posibles acciones judiciales ya que consideraban que el organismo público, en el última instancia, fue también responsable del caos.

Según el magistrado, la prestación de un servicio por una administración pública no convierte a ésta en "aseguradora universal de todos los riesgos" y entiende que, en todo caso, el procedimiento sería válido en "ausencia de fuerza mayor".

"Circunstancias excepcionales"

Pero en su sentencia de 21 páginas difundida este martes, se exculpa a AENA al entender que concurrieron "circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse en caso de haberse adoptado las medidas razonables".

El magistrado señala que resulta "de todo punto impredecible" que en la misma fecha y en la misma hora "la práctica totalidad de un colectivo de trabajadores abandonen el servicio que deben prestar".

"El simple hecho del cierre del espacio aéreo y la necesidad de ser convocado un Consejo de Ministros de urgencia en la fecha en la estaban teniendo lugar los hechos narrados acredita a las claras la excepcionalidad absoluta de la situación", argumenta el magistrado, según el extracto que hace la misma fuente.

El mismo viernes 3 de diciembre por la noche, pocas horas después de inciarse ese plante, el Gobierno decretó la militarización del tráfico aéreo y obligó a los controladores a volver a sus puestos al día siguiente con la declaración del estado de alarma.

En esta misma línea, la sentencia defiende las medidas adoptadas al cerrar el espacio aéreo. "Cualquier solución distinta, en dichas condiciones, al cierre de las posiciones de trabajo, y la no admisión del tráfico aéreo, hubiera resultado extraña al más mínimo criterio de prudencia", indica.

Cientos de miles de personas se vieron afectados por la cancelación y los retrasos en miles de vuelos esos días, inicio de un puente festivo para muchos.

En el plano laboral, un arbitraje en febrero cerró el conflicto (al menos hasta ahora no ha vuelto a haber protestas), pero los controladores se enfrentan a varios procesos judiciales en los que algunos de ellos están imputados por sedición e incluso por secuestro.