Griñán se remite a lo que dijo su portavoz, que negó que autorizara ERE fraudulentos

• El presidente de la Junta no ha querido valorar la decisión de la juez Alaya
• La instructora investigará subvenciones dadas cuando Griñan era consejero
• La Fiscalía solicita medidas cautelares para los beneficiarios del fraude

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha remitido este jueves su opinión sobre el último auto de la juez Mercedes Alaya sobre los ERE irregulares a lo expresado por la portavoz del Gobierno, Mar Moreno, que ha dicho "exactamente lo que tenía que decir".

Durante un acto electoral en Almería, el dirigente socialista ha contestado en estos términos a preguntas de los periodistas sobre el auto y no ha querido profundizar más allá de lo comentado por Moreno.

"El auto ya lo ha valorado la portavoz del Gobierno. Ya está, no tengo que añadir nada más. La portavoz del Gobierno ha dicho exactamente lo que tenía que decir y lo que ha dicho Mar Moreno es lo que digo yo", ha manifestado Griñán.

La portavoz del Gobierno andaluz pidió ayer "mesura" a la jueza que investiga los casos de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, y negó que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, autorizara cuando fue consejero de Economía y Hacienda las subvenciones investigadas.

Moreno anunció que van a recurrir la parte del auto relativa a las subvenciones que atribuye al entonces consejero Griñán, porque "carecen de fundamento jurídico".

Fisicalía pide fianzas a los "instrusos"

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves que el primer grupo de 14 imputados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos depositen fianzas por importe de las cantidades percibidas.

En una comparecencia celebrada en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía ha expresado que dicha fianza debe responder por "las cantidades ilícitamente obtenidas" y ha precisado que pedirá la misma medida cautelar para los futuros imputados.

Los abogados defensores de los "intrusos" se han opuesto a la fianza argumentando la "falta de conciencia de culpabilidad" de sus clientes y, en el caso de Rafael Rosendo, exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), su abogado ha argumentado que ya ha hecho un depósito judicial por los 112.900 euros percibidos