La expresidenta Arroyo, bajo custodia policial en un hospital de Manila

• La pena máxima a la que se enfrenta, cadena perpetua
• La expresidenta tiene pendientes otros seis casos
• Su marido, también investigado, exonerado por falta de pruebas

La expresidenta Arroyo, bajo custodia policial en un hospital de Manila

La expresidenta Gloria Macapagal Arroyo ha sido puesta este viernes bajo custodia policial en un hospital de Manila, tras ser acusada formalmente por la Comisión Electoral de fraude en los comicios legislativos de 2007.

El delito imputado a Arroyo se condena con hasta 40 años de prisión, según contempla la legislación del país.

Al menos tres agentes entraron la clínica de Saint Luke, en la que está hospitalizada Arroyo, y ejecutaron la orden emitida por el Tribunal Regional de Pasay, en Manila.

De momento, la acusada, de 64 años, queda bajo custodia policial en ese centro hospitalario donde se recupera de una reciente operación de la columna vertebral y de un problema en la glándula tiroides.

Más detenciones

Los abogados de Arroyo han recurrido en los juzgados contra la orden de detención por entender que el procedimiento judicial corresponde a la jurisdicción del Tribunal Anticorrupción, dado que su cliente era funcionaria en la época de los hechos, y no al Tribunal Regional de Pasay.

La corte de Pasay, en Manila, emitió este viernes otras dos órdenes de arresto que la Policía ha entregado a Andal Ampatuan, exgobernador de la provincia de Maguindanao y quien está siendo juzgado por su presunta implicación en la matanza de 57 personas en 2009, y Lintang Bedol, supervisor electoral en dicha provincia cuando se produjo el supuesto fraude.

Benjamín Abalos, presidente de la Comisión Electoral durante los hechos, también ha sido encausado, pero por el momento no pesa sobre él ninguna orden de arresto.

José Miguel Arroyo, marido de la exmandataria e igualmente bajo investigación, ha sido exonerado por falta de pruebas.

La secretaria de Justicia de Filipinas, Leila de Lima, ha destacado como "el verdadero triunfo de la justicia" la orden judicial y ha matizado que el presidente del país, Benigno Aquino, no se opondrá a que Arroyo cumpla arresto en Saint Luke o en su domicilio.

"El Gobierno será justo y respetará todos los derechos que la Constitución otorga a Arroyo. Nuestro deseo es que la verdad y la responsabilidad prevalezcan y ofrecer a los filipinos la justicia que merecen", señaló la ministra.

Arroyo, quien ocupa un escaño parlamentario, tenía intención de viajar esta tarde a Singapur para visitar a especialistas, según indicaron sus abogados.

Contradicciones

Después, había previsto trasladarse a Alemania y España, también para buscar tratamientos médicos que no están disponibles en Filipinas.

Este viaje de Arroyo ha enfrentado al Gobierno con el Tribunal Supremo, organismo que esta semana autorizó la partida de la exmandataria pese a los seis procedimientos judiciales abiertos en su contra, sin contar con el de hoy.

De Lima dijo que la orden de arresto anula la orden que el Supremo ratificó esta mañana ante la oposición presentada por el Ejecutivo.

La expresidenta intentó viajar a Singapur el martes pasado tras obtener la venia del Supremo, pero las autoridades aeroportuarias de Inmigración impidieron su acceso porque su nombre continuaba incluido en la lista gubernamental de personas con riesgo de evasión.

Desde que llegó al poder en junio de 2010, el presidente Benigno Aquino ha hecho de la lucha contra la corrupción durante el mandato de Arroyo el estandarte de su Gobierno.

Uno de las acusaciones presentadas contra Arroyo corresponde al contrato que firmó en 2007 con la empresa de comunicaciones china ZTE para la creación de una red nacional de internet de alta velocidad y presuntamente sobrevalorado en 200 millones de dólares (148 millones de euros), de los 329 millones del presupuesto total.

También está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada, y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con los fondos de asistencia a los trabajadores filipinos en el extranjero, de compra de fertilizantes para agricultores y de beneficencia.