Anticorrupción se inclina por mantener la investigación sobre Urdangarín en el juzgado de Palma

• En los próximos días presentará un informe al Audiencia Nacional
• El abogado de Matas había pedido que el caso lo llevara la Audiencia

La Fiscalía Anticorrupción se inclina por mantener la  investigación sobre el duque de Palma, Iñaki Urdangarín,  en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca y rechazar la petición del expresidente balear Jaume Matas para que se traslade a la Audiencia Nacional, según fuentes del Ministerio público.

Anticorrupción tiene previsto presentar en los próximos días un informe al magistrado de  la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que detalle si es  competente o no para asumir la investigación sobre las actividades del Instituto Nóos, administrado hasta 2006 por el duque de Palma, que se ha desgajado  del caso Palma Arena, que instruye el juez José Castro.

La Fiscalía Anticorrupción estudia si esta investigación puede  ajustarse a los requisitos que exige la Ley Orgánica del Poder  Judicial (LOPJ) sobre las competencias de la Audiencia Nacional.

Su  artículo 65 recoge que este tribunal es competente para investigar,  entre otros supuestos, las "defraudaciones y maquinaciones para  alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave  repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía  nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el  territorio de más de una audiencia".

El abogado de Matas, Antonio Alberca, pidió que la Audiencia  Nacional asumiera la causa, que recayó por el sistema de reparto en  el juzgado de Ismael Moreno, al entender que afecta a tres  comunidades autónomas diferentes: la Valenciana, Baleares y Cataluña.

El planteamiento de la Fiscalía Anticorrupción encaja con las  declaraciones que el fiscal general del Estado, Cándido  Conde-Pumpido, hizo el pasado día 14 al señalar que la pieza que  afecta a Urdangarían puede continuar instruyéndose en Palma bajo la  dirección del fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, en lugar de ser  asumida por la Audiencia Nacional.

Quince archivadores de documentación

Según las citadas fuentes, la documentación que los investigadores  se incautaron en los registros llevados a cabo entre el 7 y el 10 de  noviembre en el Instituto Nóos y en varias sociedades mercantiles  vinculadas a Urdangarín está siendo analizada en sede judicial por la  Fiscalía y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares. Se trata,  en concreto, de unos 15 archivadores.

Los documentos, que fueron incautados en la denominada Operación  Babel, fue trasladada la semana pasada a las dependencias de la  Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares.  Tras su análisis,  la Fiscalía decidirá si llama a declarar al marido de la infanta  Cristina como imputado o como testigo, en cuyo caso podría hacerlo  por escrito.

Desvío de fondos públicos y privados

La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía  Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente del  Instituto Nóos, Diego Torres, desviaron a través de esta fundación  fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones  públicas para "apoderarse" de ellos.

Para ello, fijaron precios  "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la  Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3  millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y  2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y  Deporte.

En un auto, el magistrado sostenía que el precio de ambas jornadas  (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente  desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado  "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que  realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo  investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el 'caso  Palma Arena'.

La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma  entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la  entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente.

Según la  acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y  Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura  de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una  especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía  "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las  actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la  asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse  básicamente con fondos de organismos públicos".

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos  eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon  S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y  De Goes Center For Stakeholder Management.

La resolución indica que  tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde  el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el  "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del  Instituto Nóos".