La juez Alaya impone cerca de 4,8 millones de euros de fianza a 16 imputados en el caso ERE

• El importe de la fianza asciende a 4.797.561
• Da 10 días a Economía para que remita expedientes relacionados con Griñán

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un auto en el que impone fianzas a los 16 imputados que ya han prestado declaración judicial por un importe global de 4.797.561 euros, advirtiéndoles a todos ellos que, de no abonar estas fianzas en un plazo de diez días, ordenará el embargo de bienes para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó a la magistrada la imposición de fianzas, y de forma subsidiaria los embargos oportunos, a todas las personas imputadas, ya que han obtenido "un beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas", aunque la juez lo que acordó fue imponer fianzas únicamente a las personas imputadas que ya han prestado declaración judicial, un total de 16.

En un auto dictado el pasado día 30 de noviembre y notificado este viernes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada argumenta que, en el presente caso, "resulta evidente que las medidas cautelares que se adopten tienen una decidida finalidad: la devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta y con la intermediación de muy distintos personajes que tienen encaje en diversas categorías --empresarios, sindicalistas, entidades de asesoramiento, aseguradoras--, y todo ello para favorecer a amigos, familiares y en definitiva círculos próximos del PSOE".

Asevera que, salvo en el caso de la dueña del restaurante Río Grande, "es claro" que los otros 15 imputados "son meros perceptores de esas ayudas ilegítimas, que las reciben como beneficiarios de las pólizas, presuntamente con pleno conocimiento de su ilicitud", de manera que "las medidas destinadas a los mismos sólo irán dirigidas a la devolución de esas ayudas o, en su caso, del coste que para la Junta ha supuesto la inclusión de estas personas en las pólizas".

"Capacidad de influencia y de mayor decisión"

Al hilo de ello, la magistrada explica que, a medida que la instrucción avance y "pueda recibirse declaración a actores de posiciones más relevantes en esta compleja trama, y con una capacidad de influencia y de decisión mayor, las medidas cautelares se adaptarán a su grado de participación e influencia y se extenderán, no sólo a la devolución en su caso de las cantidades por ellos percibidas, sino a las que por su actuación hayan percibido ilegítimamente otras personas, de forma que al final se consiga, o se intente al menos, el reintegro de la mayor parte de las enormes sumas de dinero que presuntamente se regalaron arbitrariamente y sin control alguno por la Administración".

La fianza más alta, de 1.990.689,36 euros, es la impuesta a Carmen García Sánchez, dueña de Río Grande, pues la juez entiende que por su condición de empresaria tiene "un mayor grado de responsabilidad, por su mayor capacidad de actuación y de decisión, no sólo para lucrarse a sí misma sino a otras personas, y por su interrelación con el resto de los actores de la trama". Así, recuerda que Sánchez solicitó el 14 de julio de 2005 un ERE por causas organizativas "alegando que su plantilla estaba envejecida y que adolecía de falta de preparación", pero "nunca solicitó formalmente que fuera la Junta la que le financiara la práctica totalidad del ERE".

"Ilícito, por muy generalizada que estuviese esta práctica"

"Es ilícito, por más que estuviera generalizada esta práctica, que la Junta asumiera el pago de esta ayuda sociolaboral cuando no se daban los presupuestos formales y materiales para ello, y por supuesto ilícito también que el empresario, a sabiendas de que ni lo ha pedido ni le corresponde, con evidente ánimo de lucro, se enriquezca con fondos públicos para una obligación personal a la que podía hacer frente él mismo", prosigue la juez, que, en segundo lugar, impone una fianza de 101.079,74 euros a Carmen Fontela, quien suscribió el certificado individual de la póliza de 3 de octubre de 2005 para las prejubilaciones de los trabajadores del referido restaurante.

En este último caso, tiene en cuenta la juez que "no fue ella quien ideó la operación sino que fue instrumento de la misma". Asimismo, impone una fianza de 146.770,68 euros al exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), a lo que hay que restar la cantidad ya consignada de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de Fortia Vida.

Asimismo, establece una fianza de 118.555,79 euros, de los que ya ha sido consignado 54.990,03 euros, a Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla, y de 432.993,69 euros a Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso y prejubilado en un ERE promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Constratas (FCC) S.A..

Del mismo modo, la juez impone una fianza de 584.976,44 euros a Antonio Arquero García, vecino de El Pedroso que, según la juez, se prevalió de su amistad con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero para suscribir sendas pólizas por las que cobró 449.981,88 euros "sin tener derecho a ello", alegando el 'intruso' que pensaba que esta paga "era por haber sido afectado por radiaciones de uranio por su profesión de minero".

Respecto a Rafael Rodríguez Fuentes, incluido en el ERE de 2007 de 'Saldauto' pese no haber trabajado nunca allí, la fianza asciende a 81.900 euros, la misma cantidad que en el caso de Antonio González Pérez, también incluido en el ERE de Saldauto, como Francisco de Paula Hernández, a quien la juez impone 85.800 euros. En el caso de José Antonio García Prieto, que era secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas y que está relacionado con el ERE de Intersur, la juez establece una fianza de 307.086,80 euros.

En ese ERE de Intersur también fueros incluidos Ricardo Medina Barrios, quien deberá abonar una fianza de 163.379,49 euros, y José Acevedo, que deberá pagar 158.148,44 euros. Otros 'intrusos' son Andrés Carrasco, que pagará 147.524,93 euros; Juan Manuel López Espada, vecino de Camas incluido en el ERE de Surcolor que abonará 58.347 euros; José Antonio Márquez, también de Surcolor, a quien la juez impone una fianza de 79.870,36 euros y, por último, la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, que pagará 258.539,91 euros.