La Generalitat llevará a los tribunales al Gobierno central para reclamarle 759 millones del Estatut

• El dinero, vinculado a la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut

La Generalitat de Cataluña llevará a los tribunales al Gobierno por su anuncio "extraordinariamente grave" de no pagar los 759 millones de euros vinculados a la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut, un asunto que criticará también ante las instituciones europeas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha respondido así al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Elena Salgado.

Salgado rechazó este lunes pagar este año los 759 millones de euros previstos en el Estatut porque los créditos previstos "constituyen una posibilidad de gastar, no una obligación", dijo.

"Éste es un hecho extraordinariamente grave, de los más graves que ha habido en época democrática en las relaciones institucionales entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña, y sin precedentes", ha lamentado Homs, que ha asegurado la intención de llevar esta cuestión también ante las instancias europeas.

Salgado no ve motivos

El lunes, Salgado aseguró que no entendía cómo puede ser motivo para ir a los tribunales el que no se hayan ejecutado los créditos para inversiones por importe de 759 millones de euros previstos en el Estatuto de Cataluña.

“El Constitucional sentenció que se pueden ejecutar o no“

"Esos créditos constituyen una posibilidad de gastar, no una obligación", explicó Salgado en rueda de prensa para informar sobre la lucha contra el fraude fiscal, en la que aseguró que no tenía "ánimo para polemizar a estas alturas".

La vicepresidenta djo que el Gobierno se ha "autoimpuesto" muchas limitaciones presupuestarias, lo que ha llevado a que algunos créditos para inversiones no se hayan ejecutado. Recordó, no obstante, que el Gobierno siempre ha tenido la voluntad de completar las inversiones para Cataluña previstas en la disposición adicional tercera del Estatuto, a pesar de existir una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que esas inversiones "se pueden ejecutar o no".

En este sentido, aseguró que el procedimiento acordado fue que se suscribiría un convenio entre el Gobierno central y la Generalitat para establecer las inversiones pendientes y su interés para Cataluña y los diferentes Ministerios, algo que no se ha podido llevar a cabo por falta de tiempo.