Colombia pone en marcha la ley para indemnizar a campesinos por la usurpación de tierras

• Dos millones de hectáreas serán restituidas a sus propietarios
• Cuatro millones de damnificados recibirán ayudas económicas
• El presidente Santos lamenta el tradicional olvido de las víctimas

Colombia pone en marcha la ley para indemnizar a campesinos por la usurpación de tierras

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó este martes los cinco decretos que permitirán aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ambiciosa norma que busca indemnizar a cuatro millones de damnificados y devolver dos millones de hectáreas usurpadas a los campesinos.

Ministros y legisladores ponentes encabezados por Santos firmaron los decretos reglamentarios de la Ley 1448, con lo que se definen los mecanismos y procesos de la aplicación de la norma, en un acto celebrado en el Patio de Armas de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano.

En presencia de diplomáticos, funcionarios, representantes de la cooperación internacional y medios de comunicación, Santos reconoció la indiferencia que durante medio siglo de conflicto armado ha tenido en gran medida la sociedad colombiana hacia las víctimas. Por eso consideró que la firma de estos decretos simboliza el fin de los "golpecitos en la espalda para nuestros compatriotas desplazados o despojados".

"No tiene sentido que tantos padres hayan sido asesinados, ni que tantos hombres hayan sido humillados frente a sus hijos, ni que tantos niños hayan cargado fusiles en vez de balones, ni que tantas mujeres tengan el recuerdo imborrable de una violación", lamentó el presidente de Colombia.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que estará en vigor durante diez años prorrogables desde el próximo 1 de enero de 2012, contará para su aplicación en el primer año de vida con una dotación presupuestaria de 6,1 billones de pesos.

Devolución de tierras a campesinos

Según dijo a periodistas el director de justicia transicional del Ministerio de Justicia, Miguel Samper, en 2012 se tratará de indemnizar, asistir y devolver tierras a unas 130.000 víctimas.

Uno de los decretos firmados, que establece medidas de asistencia y reparación, contempla la indemnización administrativa a las víctimas por valores comprendidos entre los 9 y los 21 millones de pesos (entre unos 4.600 y 10.800 dólares).

"Esos montos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro", precisó el presidente.

Santos admitió que estas cifras no recompensan haber sufrido un desplazamiento, una discapacidad o la pérdida de un ser querido, pero suponen un punto de partida, y agregó que ya están repartidas las responsabilidades de las instituciones para garantizar la asistencia en salud y educación.

Los beneficiarios figurarán en el Registro Único de Víctimas, en el que podrán inscribirse de manera gradual a lo largo de cuatro años y quedarán registrados con el fin de evitar que estén "paseando" de una institución a otra buscando apoyos.

Además, Santos anunció la instalación de "observatorios, sistemas, redes y planes que activan las alarmas sobre las poblaciones en riesgo" y evitar que se repitan hechos delictivos; así como el nacimiento del "Centro de Memoria Histórica" que apoyará iniciativas privadas y creará un Museo de la Memoria.

Pero esta Ley será aplicada cuando aún persiste el conflicto armado -especialmente con las guerrillas- lo que quizás puede poner en riesgo a los beneficiarios, como han destacado las propias víctimas, sus representantes y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG).

El presidente no eludió esta realidad: "Ustedes ya lo saben y nosotros estamos plenamente informados. Aún hay quienes siguen intimidando y asesinando a nuestros campesinos y a sus representantes. A esos criminales les hago llegar un mensaje: ¡los vamos a combatir con todo!".

Esa labor la abordará la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que acompañará a los desplazados en el proceso de recuperar los predios o pequeñas propiedades que les fueron usurpados.

La Ley, que tiene 208 artículos, fue aprobada por el Congreso en mayo pasado y sancionada el pasado 10 de junio, en un solemne acto que contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como testigo de honor.