El Gobierno limitará el pago en efectivo dentro de un plan de lucha contra el fraude fiscal

• Se vigilarán el consumo de la energía eléctrica y de las tarjetas de crédito
• Dentro de un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal para 2012
• El Gobierno espera recaudar 8.731 millones de euros con este plan

El Gobierno luchará contra el fraude fiscal

El Gobierno estudia la implantación de medidas  similares a las puestas en marcha en Francia e Italia para limitar el  uso de pago en efectivo en determinadas transacciones económicas, y la utilización de dinero no declarado en los pagos. Las medidas limitarían la utilización de dinero en efectivo en determinados sectores que acumulan un mayor fraude fiscal, según ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría al término del Consejo de Ministros.

Es parte de un Plan General de Control del Fraude para 2012 cuyo informe ha sido elevado al Consejo de Ministros por el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que según ha explicado la ministra, se harán públicas en breve. En total, a través de este plan, el Gobierno espera elevar la recaudación de 2012 en 8.731 millones de euros.

La portavoz ha hecho hincapié en la "injusticia" que supone que "aquellos que tienen que declarar no declaren o declaren menos de lo que les corresponde" y ha insistido en el carácter "extraordinario" de las medidas debido a la situación también "extraordinaria", a lo que ha añadido es que "la realidad es más dura de lo que pensábamos".

El déficit del Estado se eleva al 8% del PIB, según ha señalado Sánez de Santamaría, mientras la Seguridad Social también registró un déficit del 0,06%en 2011, lo que representa 668 millones de euros, aunque ha tranquilizado a los ciudadanos porque, ha dicho, "las pensiones se van a pagar con normalidad".

Medidas contra el fraude

Además, dentro de este mismo plan se incluyen la realización de pruebas en actividades económicas  ligadas a la economía sumergida, "intensificando la inspección de la  Seguridad Social y de Trabajo y la utilización de otros mecanismos como son el consumo de la energía eléctrica y las tarjetas de crédito". El plan contra el fraude fiscal gira en torno a tres actuaciones: la intensificación de la lucha contra los incumplimientos, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

El Gobierno contempla además el intercambio de información con las administraciones autonómicas, la mejora de los sistemas de información online al contribuyente y la promoción de la "autorregulación voluntaria", para que puedan comunicar directamente a la administración si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten la puesta en marcha de una sanción.

Sáenz de Santamaría ha mencionado entre otros aspectos, la utilización de "billetes grandes" que, según ha dicho, favorece el fraude fiscal en el pago de determinadas cantidades de dinero.

La lucha contra el fraude fiscal es uno de los caballos de batalla en países que han necesitado ayuda financiera internacional, como Grecia, que también ha puesto en marcha un plan similar de lucha contra la evasión fiscal, un fraude que según el anterior Gobierno supone el 25% del PIB.

La lucha contra el fraude mediante el control de los pagos en efectivo superiores a 3.000 euros era uno de los compromisos de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato del PSOE a las elecciones generales del pasado 20 de noviembre.

Vigilancia de los presupuestos autonómicos

Otro de los ejes en la política económica del nuevo Gobierno, es la vigilancia de los presupuestos de las comunidades autónomas, apuntada este miércoles por el ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos, en una entrevista en el diario británico Financial Times. Saénz de Santamaría ha señalado que será a través de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria "que tiene que aprobar el Congreso" para desarrollar la reforma de la Constitución aprobada el pasado mes de septiembre.

La ley se hablará, discutirá y pactará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará este mes de enero y en el que también se examinará la situación del sector público, con el objetivo es ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit. El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha presentado un informe en el que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública.

En relación a la reforma del sistema financiero, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado un informe y ha confirmado que la reforma estará lista antes de seis meses. Además, De Guindos va a solicitar al Banco de España "la retribución de altos cargos de las entidades intervenidas o que han necesitado ayudas públicas" con el objetivo de que "no se premie los gestores que han dejado a las entidades en esta situación", ha explicado la portavoz del Gobierno.

Sobre energía nuclear, el Ejecutivo pedirá un informe sobre la "posible prolongación de la vida útil" de la central de Garoña, cuyo cierre está previsto para 2013, seis años más hasta 2019.

El Gobierno aprobó al pasado viernes un conjunto  de medidas antidéficit para recortar el gasto en 8.900 millones de  euros y elevar los ingresos en 6.275 millones de euros a través de una nueva escala impositiva del IRPF.