El Gobierno cifra en 750 millones el coste del IVA reducido del 4% para la compra de vivienda

• Las CC.AA. perderán 375 millones de euros y los entes locales, 7,5  millones
• El Ejecutivo, sin embargo, no cuantifica la deducción para todas las rentas
• Tampoco cifra otras medidas como las referentes a los funcionarios
• Sí establece que la subida de las pensiones costará casi 1.400 millones

El Gobierno estima que la prórroga para 2012 de la aplicación del  tipo superreducido del 4% del IVA sobre determinadas entregas de  viviendas tendrá un coste recaudatorio total para las  administraciones públicas de 750 millones de euros. De ellos, 367,5  millones de euros corresponderán al Estado, mientras que las  comunidades autónomas perderán 375 millones y los entes locales, 7,5  millones.

Sin embargo, admite que "no se dispone de información para estimar  el impacto recaudatorio" de la recuperación, con efectos  retroactivos, de la deducción por inversión en vivienda habitual para  rentas superiores a 24.000 euros, suprimiendo de esta forma el límite  que el Ejecutivo socialista impuso para 2011.

Así lo revela la memoria de análisis de impacto normativo que  acompaña al decreto de medidas de ajuste presupuestario, a la que ha  tenido acceso Europa Press, un documento de seis páginas en el que el  Gobierno facilita el coste tributario de algunas de las medidas que  el Pleno del Congreso convalidó este miércoles con los votos de PP,  CiU y UPN.

Coste de otras medidas aprobadas

El Gobierno confirma en el documento los datos que facilitó tras la rueda de  prensa del Consejo de Ministros en relación a las modificaciones  fiscales con las que pretende recaudar 6.275 millones más al año a  través del IRPF (5.357 millones de euros) y el IBI (918 millones de  euros).

Sin embargo, argumenta que no dispone de información para estimar  el efecto recaudatorio de otras medidas fiscales, como el incremento  del 19% al 21% en la tributación de las rentas del capital o la  prórroga de los incentivos fiscales a las pymes por mantenimiento o  creación de empleo.

Además, no menciona otras medidas como la prórroga durante 2012 de  la posibilidad del Estado de otorgar avales a la banca por 100.000  millones de euros, el incremento de la jornada laboral de los  empleados públicos a 37,5 horas semanales, la congelación salarial y  el recorte de la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa  de reposición.

Lo que cuesta las pensiones

Lo que sí confirma es que la subida de un 1% de todas las  pensiones supondrá un coste global de 968,47 millones de euros,  mientras que la revalorización derivada de la desviación del IPC en  las pensiones mínimas costará 414,18 millones de euros. En total,  1.382,65 millones de euros imputables al presupuesto de 2012, que  beneficiarán a un total de 9,5 millones de pensionistas.

Al presupuesto de 2011 se imputarán además otros 441,69 millones  de la paga adicional que tuvo que abonarse a los pensionistas de  mínimas y no contributivas por la superación del objetivo de  inflación interanual en noviembre (mes de referencia para la  revalorización de las pensiones).

Decreto constitucional "por urgente"

El análisis jurídico de la norma asegura que concurren las  "circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad" que  justifican, de acuerdo a la Constitución, que las medidas se aprueben  mediante un decreto ley.

Ello, según el Gobierno, porque resultaba "imprescindible"  actualizar los Presupuestos Generales del Estado de 2011 que se  prorrogan para los primeros meses de 2012 con "determinadas medidas"  que fueran de aplicación desde el 1 de enero. Además, considera que la reducción del déficit público justifica  la "incorporación inmediata al ordenamiento" de otra serie de medidas  que el decreto contiene.

Formaciones como IU han puesto en duda la constitucionalidad del  decreto, ya que consideran que incluir una revisión fiscal en un  decreto ley y no en un proyecto de ley contradice la doctrina del  Tribunal Constitucional.