Se agudiza la crisis política en Pakistán con la acusación del primer ministro en los tribunales

• El Tribunal Supremo acusa a Yusuf Rafa Gilani de desacato 
• Le culpa de no hacer cumplir la ley contra la corrupción 
• Máxima debilidad del Ejecutivo, enfrentado a los militares 

El Tribunal Supremo de Pakistán ha acusado este lunes al primer ministro, Yusuf Razá Guilani, de desacato por no cumplir una de sus sentencias, y lo ha instado a declarar el próximo día 16 sobre un caso de amnistía para afectados por escándalos de corrupción.

La orden coincide con una situación de extrema debilidad del Gobierno, que ha convocado al Parlamento para que vote hoy una moción de apoyo a la democracia ante el temor del poder civil a un golpe militar.

Según los canales de televisión, el tribunal ha advertido de que el jefe de Gobierno no se ha tomado "en serio" sus órdenes en relación con la ordenanza de reconciliación nacional (NRO).

La NRO, declarada inconstitucional por el Supremo, fue una amnistía del régimen de Pervez Musharraf (1999-2007) a políticos acusados de corrupción y otros delitos, muchos de los cuales ocupan ahora altos cargos gubernamentales.

La ordenanza, de 2007, facilitó el regreso al país de la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada a finales de ese año, y de su viudo, el actual presidente, Asif Alí Zardari.

El Supremo la derogó en 2009 y este mes recordó al Gobierno que la ha desatendido y debe aplicar su sentencia, lo cual podría poner en peligro el cargo de muchos políticos en la cúpula del Gabinete y en la oposición que tenían causas abiertas con la Justicia.

Tensiones con el Ejército

La citación judicial se produce en paralelo al llamado escándalo del "memogate", que también está en manos del Supremo y que enfrenta al Gobierno y al Ejército por una supuesta petición secreta de ayuda del Ejecutivo a EEUU en caso de un golpe militar.

La presunta petición habría tenido lugar tras la muerte en mayo de Osama Bin Laden al norte de Islamabad en una operación militar de EEUU que provocó ruido de sables en la capital paquistaní.

Ante la presión militar y judicial, el Gobierno promovió una moción de apoyo a la democracia que será votada este lunes en el Parlamento y que persigue el respaldo al Ejecutivo en un momento de alta tensión con las otras instituciones del Estado.