Garzón ordenó grabar conversaciones para que Correa dejara de blanquear dinero de Gürtel

• Dice que los abogados eran "claves" en el blanqueo de dinero
• Garzón asegura que el Ministerio Fiscal nunca cuestionó la grabación    
• Asegura que el objeto de la investigación fueron los imputados, no los letrados
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Garzón declara que grabó las conversaciones para evitar que siguieran cometiendo delitos

El juez Baltasar Garzón ha señalado que la autorización de la grabación de las conversaciones entre los imputados del caso Gürtel con sus abogados, por la que está siendo juzgado, vino motivada por la "razón concreta y específica" de evitar la continuidad de la acción delictiva relacionada con el blanqueo y evasión de capitales.

Así ha respondido a las preguntas de los abogados de la acusación, del Ministerio Fiscal y de su defensa en el juicio que se celebra contra él y que este martes se ha iniciado en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar grabar dichas conversaciones. Piden entre 10 y 17 años de  inhabilitación para el juez.

Garzón, que se ha despojado de su toga para declarar a petición del presidente del Tribunal, ha querido dejar claro, y lo ha repetido varias veces en su declaración, que el objeto de la grabación fueron los imputados por corrupción y "nunca" los letrados.

“Garzón:Los abogados eran parte nuclear de la trama corrupta“

Los abogados "eran parte nuclear" de las  actividades de la trama corrupta,  ha explicado Garzón. Se trataba de Ramón Blanco Balín, José  Antonio  López Rubal y Manuel Delgado, quienes posteriormente resultaron   imputados, al igual que los cabecillas de la trama Gürtel, por   delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho,   asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias.

Ha basado su defensa en que la actividad delictiva continuaba en  prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le daban "la única posiblidad que tenía", como juez, para  poder perseguir los delitos y conciliar este interés con la protección  de los derechos de las partes en el proceso.

Los abogados de la acusación han señalado en el juicio que la finalidad que ahora defiende Garzón no consta en el auto que ordenó las escuchas.

El juez de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, ha declarado sentado en el lugar destinado a los procesados, tras pedirle el juez que abandonara el estrado de los abogados, donde había permanecido en la sesión de la mañana.

Nada más arrancar su intervención, Garzón ha defendido que se autorice judicialmente la intervención de comunicaciones no solo en casos de terrorismo.

Garzón: "En ningún momento el Ministerio Fiscal cuestionó la medida"

Garzón, muy afónico, ha dicho también que en ningún momento el Ministerio Fiscal cuestionó la decisión de grabar las conversaciones de los imputados en el caso Gürtel.

Ha añadido que las estrategias de defensa además le importaban "bien poco" para el curso de la investigación.

"El objetivo era la localización del dinero y la recuperación de ese dinero. Había 20 millones de euros que estaban en cuentas deslocalizadas en paraísos fiscales", ha aseverado el juez, quien ha dicho que "no ha habido ni una sola diligencia que se haya visto perjudicada por la intervención de las comunicaciones".

Garzón ha explicado al tribunal que mientras el investigó esa causa "no hubo filtración de los datos" y se garantizó el "secrerto y la confidencialidad" de las conversaciones.

El juez ha contestado, entre otras, a las preguntas de Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento contra él en el alto tribunal, y ha negado que las intervenciones le permitieran conocer la estrategia de defensa del cliente de Peláez, el constructor Ulibarri.

El presidente de la Sala ha intervenido en varias ocasiones con el fin de centrar el contenido de las preguntas y evitar las de carácter improcedente, como la formulada por Rodríguez Mourullo señalando si, para evitar que se siguiera delinquiendo, no hubiera sidomejor "incomunicar" a los investigados antes de escuchar a sus letrados.

El Supremo rechaza la recusación de jueces pedida por Garzón

En la jornada del juicio de la mañana, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición del abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, de volver a reclamar la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, denegadas tras apartar a otros cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,  Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José  Manuel Soriano y José Manuel Maza.

La defensa de Garzón insiste que Varela está "contaminado" por haber   participado en la instrucción de la causa y desconfía de Marchena por   ser el instructor de otra causa pendiente del juez por los cobros de la universidad   estadounidense.

El Supremo también ha denegado la posibilidad de que la Sala especial del 61 se convierta en una segunda instancia para estudiar un posible recurso de Garzón, en caso de condena desfavorable.

La Sala sí ha aceptado la prueba testifical solicitada por la defensa de Garzón de un funcionario del Juzgado de Garzón,  quien avisó a uno de los letrados de que las conversaciones se estaba  grabando.

Este miércoles sigue el juicio con la declaración de seis testigos

Este miércoles el juicio se reanudará a las 10:30 con la declaración de los testigos.  En la primera jornada de este lunes, defensores del juez, entre los que se encontraban artistas e intelectuales se han concentrado a las puertas del Supremo para denunciar la "persecución   política" a Garzón.

Se tomará declaración en calidad de testigo al policía nacional que realizó la grabación de las conversaciones entre los letrados y los principales encausados de la red delictiva Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. 

El Supremo quiere además escuchar el testimonio de tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), del funcionario del juzgado de Garzón liberado para el caso Gürtel Vicente Maroto, y del ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del empresario José Luis Ulibarri, Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento.

Además, el tribunal ha aceptado la audición a puerta cerrada de algunas de las conversaciones que fueron intervenidas siempre que las partes justifiquen su interés para la causa y acoten los fragmentos relevantes.

El juez Garzón tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias.  Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.