El Gobierno alivia la falta de liquidez de las CC.AA. bajo "estrictas condiciones" de saneamiento

• Se abre un crédito para pagar a proveedores y se adelantan más fondos
• Montoro evoca la "intervención" de las que incumplan, pero matiza la expresión

El Gobierno tutelará a las comunidades que incumplan el techo de déficit

El Gobierno ha calmado a las comunidades autónomas abriéndoles nuevas vías de financiación y además se ha planteado por primera vez la refinanciación de su deuda; unas medidas condicionadas a la reducción “estricta” de su déficit, sin lo cual podrían llegar incluso a ser “intervenidas en términos hacendísticos”.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al  término de la reunión de este martes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne al Ejecutivo central con las diecisiete CC.AA., que han recibido las medidas con “absoluta satisfacción”, en palabras de José Manuel Vela, consejero de la Comunidad Valenciana, una de las que afronta necesidades de financiación más acuciantes.

En similares términos se han expresado otros consejeros, incluidos los de otros partidos, como el catalán, de CiU o la andaluza, del PSOE.

El mismo esquema que en Europa

Las comunidades han reafirmado su compromiso de reducción del déficit y han aceptado las grandes líneas de la Ley de Estabilidad Financiera que prepara el Ejecutivo, y que incluirá sanciones para las que no cumplan con los nuevos objetivos, que se marcarán siempre de acuerdo a los principios que rigen en la UE, es decir, la contención del gasto público.

No obstante, han quedado sin detallar en qué consistirán los “estrictos controles” que ha anunciado Montoro ni las sanciones que contemplará la ley, si bien el ministro ha mostrado una gran determinación en este sentido y ha llegado a hablar de que las CC.AA. que incumplan se arriesgan a ser “intervenidas en términos hacendísticos”, aunque ha matizado que en ningún caso se retirarían las competencias, que están protegidas por la Constitución.

El titular de Hacienda ha explicado que esta “intervención” --que ni siquiera se contemplaría expresamente en la ley-- hay que entenderla del mismo modo que la UE pretende tutelar las cuentas de los Estados miembros.

Por la mañana, Mariano Rajoy había avanzado en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que el Gobierno “irá en auxilio de las comunidades (con problemas) a cambio de un programa que se impondrá” y que no ha detallado. En ningún caso se ha planteado un plan de inversión pública como reclaman numerosos economistas como alternativa a las medidas adoptadas hasta ahora para salir de la crisis.

El jefe del Ejecutivo también ha dicho que en el plazo de “dos, tres, cuatro semanas” presentará ante las Cortes la Ley de Estabilidad, que deberá desarrollar alguna de las cuestiones esbozadas en este CPFF, así como otras dos reformas claves para el Ejecutivo: la nueva reforma laboral y otra reestructuración del sistema financiero.

40.000 millones para las CC.AA.

En cuanto a las medidas más prácticas para aliviar la falta de liquidez de las comunidades, el Gobierno ha anunciado una nueva línea de crédito del Instituo de Crédito Oficial (ICO), no cuantificada todavía, para que, al igual que se hizo con los ayuntamientos, las comunidades puedan pagar a los proveedores y evitar que estos adeudos sigan provocando el cierre de empresas. En el anterior CPFF, celebrado en julio, se aprobó una medida similar, pero se quedó en papel mojado.

Además, Hacienda ha anunciado que adelantará el pago de determinadas liquidaciones (el balance final de sus pagos que hacen las CC.AA. y el Gobierno) y que suponen 6.000 millones, más otros 2.000 por otro atraso del que ha culpado al anterior Ejecutivo.

Estas cantidades se suman a los 31.000 millones del aplazamiento por diez años de otra deuda de las CC.AA.  con el Estado (por los anticipos que les hizo de más en 2008 y 2009) y que Montoro ya anunció el viernes (entonces se dio una cifra de 25.000 millones, que corresponde solo a unos de esos dos años).

En total, casi 40.000 millones que explican la satisfacción con el que los consejeros han salido de la reunión y han aceptado los controles de los que se ha hablado, pese a que no se hayan precisado.

Además, Montoro ha dicho que guarda “en la recámara” la opción de ayudar a recolocar la deuda de las CC.AA., algo a lo que el anterior Gobierno se había negado en rotundo y que tiene complicaciones legales, ya que en principio el Estado no puede avalar esta deuda.