La Justicia de EE.UU. acusa al joven que disparó a la Casa Blanca de querer matar a Obama

• Óscar Ortega-Hernández se enfrenta a cadena perpetua si es condenado
• Un juez pidió un informe mental después de que dijese que era Jesucristo
• El Gran Jurado ha decidido presentar 17 cargos contra él

Óscar Ortega-Hernández, un joven hispano de Idaho de 21 años, ha sido acusado formalmente de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, después de que abriese fuego contra la Casa Blanca el pasado mes de noviembre.

"Oscar Ramiro Ortega-Hernández, originario de Idho Falls en el estado de Idaho ha sido inculpado por un gran jurado -órgano de acusación previo al inicio de un proceso penal- hoy por intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos", ha comunicado la Fiscalía federal en un comunicado.

Además, la Justicia estadounidense ha abierto un proceso contra él por diecisiete cargos, entre ellos dañar la Casa Blanca, uso ilegal de un arma de fuego, asalto con un arma peligrosa y transporte interestatal con armas de fuego y municiones.

Previamente Ortega había sido acusado por la Fiscalía en una denuncia criminal por tratar de matar al presidente cuando supuestamente disparó la Casa Blanca con un arma semiautomática el pasado 11 de noviembre, aunque Obama no estaba en California en ese momento y nadie resultó herido.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Gobierno, los investigadores del FBI localizaron varios impactos de bala en el lado sur de la Casa Blanca, sobre el segundo piso de la residencia privada del presidente.

Varios casquillos y balas se encontraron cerca de la zona, han añadido los fiscales.

La decisión del gran jurado era el siguiente paso en el caso en un proceso legal en el que Ortega se enfrenta a cadena perpetua si es condenado, aunque sus abogados defienden su inocencia.

Ortega fue arrestado y puesto bajo custodia poco después del tiroteo. Poco después se conoció que el acusado se presentaba a sí mismo como un Jesucristo moderno y un juez federal pidió que se hiciese un informe psiquiátrico.

Una experta psiquiátrica y psicológica había concluido que el acusado es penalmente responsable de sus actos pero un juez federal ordenó en diciembre un nuevo análisis.