La Unidad de Delitos Económicos vio "necesarias" las grabaciones de Gürtel para evitar el blanqueo

• Dice que "rotundamente no" acabó la actividad delictiva con las detenciones
• El comisario jefe: "Garzón nos dijo que el derecho de defensa prevalecía"
• El Supremo ha escuchado a puerta cerrada las conversaciones grabadas    
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La policía declara que Garzón les dijo en todo momento que lo que prevalecía era el derecho de defensa

El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, testigo de la defensa de Baltasar Garzón, ha señalado que las intervenciones telefónicas a los cabecillas del caso Gürtel eran "necesarias" para frenar las operaciones delictivas de blanqueo que, según ha dicho, éstos desarrollaban desde la cárcel.

Además, ha señalado que Garzón les dijo en todo momento que lo que prevalecía era el derecho de defensa. 

Así lo ha asegurado este miércoles en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Garzón por los presuntos delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar la grabación de las conversaciones entre los imputados del caso Gürtel y sus abogados y por el que piden entre 10 y 17 años de inhabilitación para el juez.

Este policía ha corroborado así la teoría del juez de que los cabecillas de la trama Gürtel,  Francisco Correa y Pablo Crespo,  siguieron delinquiendo desde la cárcel.

Garzón justificó en la primera jornada del juicio las escuchas que él ordenó en prisión para evitar la continuidad de la acción delictiva relacionada con el blanqueo y la evasión de capitales.

Según el comisario Olivera, fueron los agentes quienes propusieron la  intervención de las comunicaciones, necesarias, en su opinión, para  investigar un delito de blanqueo que requiere diligencias muy  complicadas incluso en el extranjero.

Asimismo, ha explicado que les sorprendió al escuchar las grabaciones que Correa dijera en una  conversación que le habían clasificado como preso FIES y que tenía las  comunicaciones intervenidas, lo que se comunicó al juzgado. "Correa sabía perfectamente que estaba siendo escuchado", ha dicho.

Comisario jefe: "Garzón nos dijo que el derecho de defensa prevalecía"

Olivera ha manifestado además ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que Garzón les comunicó que el derecho de defensa "debía prevalecer sobre cualquier cosa" cuando intervinieron las conversaciones y ha añadido que se prohibió que las grabaciones se escucharan en Instituciones Penitenciarias.

Olivera se ha remontado al momento en el que los cabecillas de la red  corrupta fueron detenidos el 6 de  febrero de 2009 y designaron como abogado a José Antonio López Rubal,  contra quien -ha dicho- también había "fuertes indicios".

El comisario ha recordado que la Policía ya sabía que en una  siguiente fase de la operación iba a ser imputado López Rubal y que planteó a  Garzón si en esa situación este letrado podría asistir a los detenidos  en sede policial. Una duda a la que el magistrado respondió que "el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier diligencia policial", según ha contado el jefe de policía al tribunal.

En la misma línea ha declarado el funcionario del Juzgado de Garzón que se encargó en la Audiencia Nacional de la tramitación judicial del caso Gürtel, Vicente Maroto, quien ha asegurado que el juez "siempre estaba muy obsesionado con quitar todo aquello que afectase al derecho de defensa".

Tanto el comisario jefe como un funcionario de su unidad han explicado que Instituciones Penitenciarias dispuso de su propio sistema de escuchas -denominado Marathon- para interceptar las conversaciones en el centro penitenciario de Soto del Real, a las que tenían acceso solo los miembros de la Policía Judicial que participaban en las investigaciones.

El agente de la UDEF Avelino José García López que actuó como "correa de transmisión" entre el juzgado de Garzón y la cárcel de Soto del Real ha añadido que los funcionarios de prisiones interceptaban las comunicaciones y ofrecían su contenido en Cds a los miembros de la Policía Judicial, que acudían "dos o tres" días a la semana al centro.

En la jornada de la mañana de este miércoles ha declarado también como  testigo el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez,  quien ha señalado que los "elementos incriminatorios" contra su cliente,  el empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso  Gürtel, proceden de las conversaciones grabadas en la cárcel, lo que ha  considerado "grave".El querellante contra Garzón ha negado además que desde la cárcel blanquearan dinero de 'Gürtel'.

El Supremo escucha a puerta cerrada las conversaciones de Gürtel

La sala del Tribunal Supremo que juzga a Garzón ha escuchado en la sesión de este miércoles, a puerta cerrada, algunas de las conversaciones intervenidas.

Tras concluir la declaración de los testigos propuestos por las partes, los siete magistrados que conforman el tribunal han decidido comenzar a escuchar las grabaciones solicitadas por la defensa de Garzón, de las que se excluirá todo lo que afecte a la confidencialidad.

Así lo acordó este martes el tribunal al admitir la petición del abogado de Garzón de que fueran escuchadas determinadas conversaciones, tras lo que los abogados de la acusación solicitaron que la audición se realizará a puerta cerrada, a lo que también accedió la sala.

En algunas de las grabaciones que se practicaron en la prisión de Soto del Real hay conversaciones de los cabecillas de la trama en prisión, Francisco Correa y Pablo Crespo, con el autor de la querella contra Garzón que dio origen a este juicio, el abogado Ignacio Peláez, que ejerce la acusación particular y pide 10 años de inhabilitación para el juez.

También hay conversaciones de otro de los abogados de la acusación, José Antonio Choclán, defensor de Correa, y que solicita para Garzón 17 años de inhabilitación. Este jueves a las 10:30 se reanudará el juicio para la lectura del informe final de las partes.