El Gobierno perseguirá penalmente a políticos y gestores que incumplan los presupuestos

• Montoro ha anunciado una ley para pedir responsabilidades a los políticos
• Según el ministro, un gestor no puede gastar más allá de su presupuesto

Cambio legal para los gestores públicos que más gasten

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos.

"Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos", ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó Montoro en declaraciones a la Cadena Ser.

El ministro explicó que un gestor público "no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto" porque si lo hace estaría falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.

Recordó que los gestores privados tienen que hacer frente a responsabilidades penales si falsean las cuentas de sus empresas, sobre todo si éstas cotizan.

Rigor en la gestión de los gobiernos

Además, con una medida como esta se pretende que haya rigor en la gestión de un gobierno, añadió Montoro, que apuntó que si un ejecutivo quiere gastar más "que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos" y que éstos decidan después en las elecciones si el proceder ha sido el correcto.

"Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables", algo que actualmente supone uno de los graves problemas de España, afirmó el ministro de Hacienda.

En cuanto a la línea de crédito del ICO que está previsto que se ponga en marcha para que las administraciones públicas puedan pagar a sus proveedores, Montoro dijo que el objetivo es que esté lista "en un par de meses".

También en este sentido para cumplir con el déficit, los consejeros autonómicos se han comprometido con el objetivo de estabilidad presupuestaria.