El querellante contra Garzón niega que desde la cárcel blanquearan dinero de 'Gürtel'

• Peláez reconoce que no pidió autorización para hablar con Correa y Crespo
• Un policía dice que Garzón ordenó preservar el derecho de defensa
• La vista oral se retomará a las 16.30 horas
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Segunda jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón

El artífice de la querella por la que se juzga en el Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón, el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, ha declarado que los "elementos incriminatorios" contra su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel, proceden de las conversaciones en la cárcel de los cabecillas del "caso Gürtel" y sus abogados, lo que ha considerado "grave".

"El juez (Garzón) conocía nuestros movimientos para coordinar nuestra estrategia de defensa. Nos coordinábamos no para blanquear dinero ni obstruir a la Justicia", ha declarado en calidad de testigo Peláez, que ha lamentado que se escucharan sus conversaciones en prisión, también con los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, "cuando yo entendía que estábamos en un Estado de Derecho".

La vista oral ha comenzado con la declaración de Peláez, debido a su  condición de representante de una de las tres acusaciones del juicio, que solicita 10 años de  inhabilitación para el juez, y ha seguido con la de un policía que intervino las conversaciones, tras lo que, sobre las 13.15 horas, se ha acordado hacer un receso para comer y retomar la vista a las 16.30 horas.

El juicio celebró su primera sesión ayer martes, con el trámite de cuestiones previas y con la declaración de Garzón, acusado de prevaricación y violación de las garantías constitucionales, al que le piden hasta 17 años de inhabilitación, y que justificó las escuchas en prisión para evitar la continuidad de la acción delictiva relacionada con el blanqueo y la evasión de capitales.

A preguntas del abogado defensor de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, ha insistido en que tanto el juez ahora juzgado como la Fiscalía o la Policía Judicial conocían perfectamente todo lo que su cliente iba a declarar antes de comparecer por esas escuchas en prisión. Incluso, ha ido más allá y se ha mostrado "convencido" de que hubo más conversaciones intervenidas que no llegaron a transcribirse en los autos judiciales, lo que le produce una "gran preocupación".

Por su parte, el letrado Baena Bocanegra ha intentado demostrar con sus preguntas que Peláez comunicó en prisión con los presuntos cabecillas de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, sin la debida autorización judicial, ya que el artículo 38 del Reglamento Penitenciaria dice que el abogado que visita a un preso que no es cliente suyo debe pedir permiso al juez de instrucción.

En este sentido, Peláez ha considerado que como había sido "expresamente llamado" por Correa y Crespo no creía que "necesitase la autorización del juez", además de que se trataban de conversaciones autorizadas por los funcionarios de prisiones.

Preguntado por si el día que su cliente declaró ante Garzón, el 4 de marzo de 2009, se le formuló alguna pregunta relacionada con lo hablado en prisión, ha respondido que el juez ahora acusado ya sabía "qué iba a declarar mi cliente", con lo que ha considerado que "sería estúpido" que fuese a preguntar "lo que ya sabía".

"Prevalecer el derecho de defensa"

Además de Peláez, también ha comparecido en calidad de testigo, y sin que su rostro se mostrara en cámara, el inspector jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)  que participó en la intervención de las comunicaciones que mantuvieron los presuntos cerebros de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, tras ser encarcelados en febrero de 2009.

Este inspector ha explicado que en el mandamiento judicial de Garzón que ordenaba la grabación de las conversaciones se especificaba que debía "prevalecerse el derecho de defensa" y, tras pedirle que les aclarara cómo debían proceder, les contestó que él mismo asumiría "lo que podía o no afectar" a ese derecho tras analizar las conversaciones que los policías transcribían.

Ha declarado que para transcribir esas conversaciones se tenía en cuenta el criterio de presevar el derecho a la intimidad y aportar aquellos elementos que fuesen trascendentes para el caso.

Además, el funcionario policial ha asegurado que las conversaciones con los presuntos cabecillas y sus abogados iban dirigidas "a la protección de la estructura de blanqueo de la organización" y de su patrimonio, tal y como defendió ayer Garzón en su declaración.

El agente plicial ha confirmado que informó a Garzón de que "las actividades de blanqueo se seguían produciendo" desde la cárcel y que varios abogados "eran los receptores de las instrucciones" que impartían Correa y Crespo y que, en este tipo de delitos, "hay que adoptar una estrategia para evitar que el patrimonio se ponga en manos de terceros".

En la sesión de esta tarde se prevé que declaren ante el Supremo otros tres policías de la UDEF y, por último, prestará testimonio Vicente Maroto, el funcionario del juzgado de Garzón en la Audiencia Nacional que se dedicó a la instrucción del "caso Gürtel", testimonio que fue aceptado por el tribunal ayer mismo a petición de la defensa.

Garzón está acusado de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del "caso Gürtel" -Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Declaración del juez

El juez, que prestó declaración por espacio de dos horas y medias y despojado de la toga de magistrado que había vestido toda la jornada, defendió la legalidad de la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados porque estos últimos eran, ha dicho, la "parte nuclear" de la mecánica de evasión de capitales de la trama.

Garzón alegó que las escuchas "no eran un cheque en blanco", sino la única vía para evitar que los cabecillas de la trama siguieran blanqueando fondos en paraísos fiscales a través de sus abogados y que esa intervención se hizo siempre salvaguardando el derecho de defensa y con el apoyo de la Fiscalía, y que en ningún momento ordenó grabar a los letrados, sino a los internos imputados por delitos de blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

El juez Garzón tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias.  Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.