El abogado que denunció a Garzón: "La querella contra el juez no la pone el PP"

• Peláez dice que Garzón prevaricó al hacer "algo que no se podía hacer"
• La Fiscalía alude al caso Marta del Castillo para justificar las escuchas
• El juicio quedará visto para sentencia en el Tribunal Supremo
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Hoy termina el juicio contra Baltasar Garzón

El autor de la denuncia contra el juez Baltasar Garzón por ordenar intervenir las conversaciones en prisión de los imputados de  la trama Gürtel con sus abogados, el exfiscal y letrado Ignacio Peláez, ha querido aclarar en la última sesión del juicio en el Tribunal Supremo que la querella "no la interpone el PP" ni él representa a este partido, sino él "como abogado ofendido por el delito" y como persona a la que se le han "vulnerado" sus derechos fundamentales.

En este sentido, Peláez, con motivo de la exposición de su informe final, ha rechazado rotundamente las acusaciones lanzadas por representantes del PSOE de que forma parte "de la trama corrupta de Gürtel" y de que "busca amparar a los corruptos" con una posible consecución de la nulidad del procedimiento.

La vista, en su tercera jornada, se ha reanudado sobre las 10.40 horas  con la exposición de los informes de las acusaciones, que ayer mantuvieron sus peticiones de penas de entre 17 y 10 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y violación de garantías constitucionales, y de la Fiscalía, que no acusa.  Por su parte, la defensa de Garzón, que solicita la absolución, expondrá su informe a partir de las 16.15 horas, tras el receso para la comida, y después será el acusado el que podrá hacer uso de la última palabra.

El querellante ha asegurado que "no ha sido grato" el querellarse contra un "compañero" como Garzón, pero que se ha visto obligado a ello para solicitar al Supremo "el amparo por la violación de mis derechos fundamentales", ya que se siente "absolutamente vigilado" y dentro de un "Estado policial" por no poder disfrutar de su derecho de "hablar en secreto y de forma íntima y confidencial" con su cliente.

Peláez, que se representa a sí mismo como uno de los abogados 'escuchados' y pide 10 años de  inhabilitación para Garzón por prevaricación y violación de garantías constiucionales, ha defendido en sus alegatos que el juez prevaricó porque dictó una resolución -la de intervenir las conversaciones- "claramente injusta y no ajustada a derecho".

"No se me tenía que haber escuchado absolutamente nada porque tengo un derecho constitucional", ha dicho el letrado, que ha recordado que, según la ley general Penitenciaria, solo pueden intervenirse comunicaciones en prisión relacionadas con delitos de terrorismo. "Se adoptó una medida que no tenía que haberse adoptado. Lo que se hizo no se podía hacer", ha afirmado el denunciante que, además de pedir una condena para Garzón, ha pedido amparo al Supremo para que "establezca los límites claros a lo que se puede y no se puede hacer en una investigación criminal".

"Monstruoso" que Garzón se atribuya una función ilegal

Por su parte, el abogado José Luis Choclán, que representa al presunto cerebro de Gürtel, Francisco Correa, y pide 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros, ha calificado de "monstruoso" el que Garzón se atribuyera al autorizar las escuchas "una función ilegal, no constitucionalizada".

En este sentido, ha denunciado que Garzón, con la aquiescencia del fiscal, se atribuyera el derecho a determinar el contenido del derecho de defensa "porque se atribuye una función constitucional que no tiene",  al decidir escuchar a los abogados en prisión y decidir qué parte de esas conversaciones vulneran el derecho de defensa, y ha recordado que la Constitución "limita el poder del juez". "Eso ya es una prevaricación, eso chirría con los valores constitucionales y hace temblar los pilares del Estado de Derecho", ha dicho.

Choclán ha calificado de "barbaridad jurídica" los autos dictados por Garzón para autorizar la grabación de las conversaciones en prisión y ha denunciado que se diera a la Policía "un cheque en blanco para investigar lo que quisiera".

La última de las acusaciones, Gonzalo Rodríguez, abogado del supuesto número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, que pide 15 años de inhabilitación, ha considerado que las resoluciones dictadas por Garzón son "manifiestamente injustas". "La única manera de preservar el derecho de defensa es no escuchar ni un segundo de lo que se dice en una comunicación entre abogado e interno", ha afirmado.

La Fiscalía niega que vulnerara derechos

Por su parte, los representantes del Ministerio Fiscal,  que no acusan en este caso, han defendido la actuación de Garzón y han rechazado que prevaricara. Han justificado que el juez ordenara intervenir las comunicaciones en prisión porque había indicios de criminalidad y ha negado que vulnerara ningún derecho "y mucho menos con ánimo doloso". 

También ha arguido que el delito de blanqueo de capitales que se pretendía evitar es "muy grave" y que "había indicios de que los imputados que estaban en prisión necesitaban a unos profesionales que pudieran permitir poner a buen recaudo el beneficio obtenido".

A la vez, han recordado que en otros países como Suecia o Estados Unidos está regulado el que puedan intervenirse las comunicaciones en prisión y, como el Supremo aún no ha sentado jurisprudencia al respecto, ha hecho referencia a decisiones judiciales de órganos menores: la acordada por el instructor del caso Marta del Castillo para intentar averiguar el paradero del cuerpo y otra del TSJ de Madrid sobre narcotráfico.