Juristas internacionales asistirán como observadores al juicio contra Garzón

• El martes comienza el juicio contra Baltasar Garzón por prevaricación
• El motivo, investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco

Baltasar Garzón vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados

Representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas se personarán como observadores internacionales en el juicio que este martes comienza en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón, por un presunto delito de prevaricación relacionado con la investigación que llevó a cabo en el año 2008 sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch, Reed Brody, se ha preguntado en rueda de prensa "qué se pensaría en España si en Sri Lanka o Siria, por ejemplo, se juzgase a un juez por investigar crímenes contra los derechos humanos".

Actuar por lo penal contra un juez que decide investigar este tipo de crímenes tiene, además, un efecto intimidatorio sobre el resto de la judicatura, ha proseguido Brody, para quien lo habitual sería dar curso al proceso y "si se aprecian errores, apelar".

La misma opinión defendió Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, que ha calificado de "sencillamente escandaloso e inaceptable lo ocurrido con Garzón".

“Sencillamente escandaloso e inaceptable lo ocurrido con Garzón“

Según Relva, esta será la primera vez que "en una democracia y dentro de la Unión Europea un juez es procesado por investigar crímenes de lesa humanidad y por defender los derechos humanos". De ahí, ha agregado, que también se trate del primer juicio en democracia con observadores internacionales.

El presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Pedro Nikken, ha subrayado, por su parte, el "efecto tan pernicioso" que el juicio a Garzón supondrá para otros magistrados decididos a investigar estos delitos.

Crea dudas a otro magistrados

Como ejemplo ha citado el caso de un juez en Haití, que ahora duda si aplicar o no la prórroga de 10 años de amnistía sobre los crímenes del exdictador Duvalier. Para Nikken, "cuando el legislativo falla es el poder judicial quien debe actuar" como garante de los derechos humanos, y eso fue lo que hizo Garzón.

Asimismo, ha opinado que "la Ley de Amnistía de 1977 (a la que se alude para justificar la causa contra Garzón) debería ser, en cualquier caso, derogada". En esta idea coincidieron Brody y Relva, para quien el espíritu de dicha norma se refería, además, a los presos políticos.

“La Ley de Amnistía de 1977 debería ser derogada“

A este respecto, el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín ha señalado que "basta con saber leer para entender que la ley solo amnistiaba a los presos políticos". En el derecho internacional los crímenes por lesa humanidad no prescriben y así lo ratificó España al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha afirmado.

"Cuando un Estado firma un acuerdo debe cumplirlo", ha destacado, y añadie que el comité de dicho pacto "ha indicado en dos ocasiones a España que la Ley de Amnistía del 77 debe ser derogada".

Dudas sobre el proceso

Relva, Brody y Nikken declararon que su misión principal será el seguimiento del proceso que el martes comienza contra Garzón, pero no ocultaron "sus sospechas" ante la coincidencia de tres causas prácticamente simultáneas contra el magistrado.

"El Tribunal Supremo dirime sobre conflictos de competencias entre jueces a diario y, que yo sepa, lo normal no es encausar a nadie por este motivo", declaró Pallín.

“Lo normal no es encausar a nadie por este motivo“

En opinión de Relva, "España fue un referente en la aplicación de la justicia universal" gracias precisamente a Garzón, "al que ahora se juzga por intentar aplicar dentro los mismos principios que promovió".

Nikken ha pedido, finalmente, abandonar los prejuicios sobre Baltasar Garzón y seguir las sesiones "con neutralidad, que no con imparcialidad", y se mostró convencido de que el Tribunal Supremo "sabrá aprovechar la oportunidad que tiene (con este caso) de mostrar su respaldo a los derechos humanos, base de la Constitución Española", y a la jurisprudencia universal.