El Gobierno recuperará la ley del aborto del 1985 y exigirá a las menores consentimiento paterno

• Actualmente se puede abortar libremente en las primeras 14 semanas
• La ley del 85 solo permite interrumpir el embarazo en tres supuestos
• Peligro para la vida o salud de la madre, violación y malformaciones del feto
• La ley actual permite a las mujeres de 16 y 17 abortar sin consentimiento

Las menores de edad vuelven a necesitar el consentimiento de los padres para poder abortar

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este miércoles que el Gobierno reformará la actual ley del aborto, en vigor desde julio de 2010, para volver a exigir el consentimiento paterno a todas las menores que quieran interrumpir un embarazo y adoptar la doctrina del Constitucional sobre esta materia, en la que se "inspirará" la nueva regulación.

Aunque Gallardón no lo ha dicho claramente en su intervención, la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en la Comisión de Justicia, Beatriz Escudero, ha confirmado a EFE horas después que se volverá a la ley de 1985, que despenaliza la interrupción voluntario solo en tres supuestos:  riesgo para la salud física y psíquica de la madre, malformaciones graves en el feto y violación.

Escudero ha señalado que con la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,  "se volverá a lo que había antes" de que el anterior Ejecutivo modificara la norma que establecía la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre hasta la semana 14.

"Vamos a reformar la regulación de la protección del derecho a la vida en nuestro país", ha dicho Gallardón ante la Comisión de Justicia del Congreso. El ministro ha señalado que la ley actualmente en vigor fue aprobada "sin consenso" y con la "opinión desfavorable" de los órganos consultivos.

"Nos inspiraremos en la doctrina del Tribunal Constitucional cuando tuvo ocasión y obligación de pronunciarse sobre la primera ley del aborto"  (sentencia 53/1985), ha añadido el ministro quien ha insistido en que "algunos principios como la exigencia del consentimiento paterno estarán incluidas en este proyecto de ley".

Es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy detalla los cambios que piensa hacer con el aborto. El actual presidente había anunciado, cuando era líder de la oposición, que derogaría la nueva ley.

El Partido Popular se presentó a las elecciones generales del 20 de noviembre con un programa que incluía cambios en "el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores", pero sin dar más explicaciones.

La actual ley permite el aborto libre en las 14 primeras semanas

La reforma del aborto, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura, permite en la actualidad abortar libremente dentro de las 14 primeras semanas de gestación y hasta las 22 semanas en caso de riesgo de anomalías fetales o riesgo para la vida o salud de la embarazada. A partir de esa fecha solo en el cado de anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable del feto.

En cuanto a las menores, la nueva ley permite a las mujeres de 16 y 17 abortar sin el permiso de sus padres o tutores aunque al menos uno de ellos debe ser informado. Las menores pueden no informar si alegan peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

La norma entró en vigor el 5 de julio de 2010. Ese año abortaron en España 113.031 mujeres, un 1,3% más que en 2009.

Protección de la vida del 'nasciturus'

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la antigua ley del aborto en la sentencia 53/1985 a raíz del recurso de inconstitucionalidad que interpuso, curiosamente, el padre del actual ministro de Justicia, José María Ruiz Gallardón, en 1983.

Es la sentencia, el TC considera que "la vida humana es un devenir, un proceso que comienza en la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina con la muerte".

Sobre el nasciturus señala que en tanto que "encarna un valor fundamental (la vida humana) garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional".

Los tres supuestos de la despenalización del TC

El TC despenalizó, sin embargo, el aborto en los tres supuestos que recogía la norma de 1985.

- "Grave peligro para la vida de la embarazada y el grave peligro para su salud". La sentencia recoge en el caso del riesgo de muerte que si no se dejara abortar se estaría protegiendo "más la vida del no nacido que la vida del nacido" (es decir, la mujer) "y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida". Tampoco considera inconstitucional "la prevalencia de la salud de la madre".

- Violación. El TC despenaliza el aborto en este caso ya que el origen de la gestación es "la comisión de un acto no solo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal".

- "Probable existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto". El TC asegura en este supuesto que la sanción penal "entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia". El Constitucional hace referencia a la "insuficiencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyan a paliar en el aspecto asistencial la situación" y a la "inseguridad" que "ha de angustiar a los padres" si su hijo con una "grave tara" les sobrevive.

La actual ley, pendiente de dos recursos ante el TC

La legislación que regula en la actualidad la interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde el 5 de julio de 2010, está pendiente de dos recursos ante el Tribunal Constitucional,  uno del PP y otro del Gobierno de Navarra, informa Efe.

El Constitucional admitió a trámite los recursos que presentaron estas partes, y rechazó el que habían presentado varias organizaciones defensoras del derecho a la vida.

Este recurso fue presentado, entre otros, por el Centro Jurídico Tomás Moro, el Foro Español de la Familia, la Fundación Talita Aragón o Projusticia, pero el TC no lo admitió a trámite al considerar que esta no es la vía procesal adecuada para que unas organizaciones recurran el contenido de una ley.

En contra y a favor del anuncio de Gallardón

La Federación de Planificación Familiar y la Asamblea Feminista han coincidido en acusar al Gobierno de atentar contra la libertad sexual de las jóvenes, tras el anuncio de que se reformará de la ley del aborto para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad.

La presidenta de la Federación de Planificación Familiar, Isabel Serrano, ha lamentado, en declaraciones a Efe, que el Ejecutivo se centre en un punto de la normativa que afecta solo al 0,40% de las mujeres que abortan en España, en alusión a las chicas de 16 y 17 años, en lugar de afrontar otros problemas de salud sexual.

Serrano se ha preguntado por qué no se abordan situaciones más apremiantes como que el 56% de las mujeres que interrumpen su embarazo en España no han tenido la oportunidad de acudir a un centro de planificación familiar.

Según las estimaciones de la ginecóloga, unas 5.000 menores de edad han abortado en España en 2010 y, de ellas, el 90% no han incumplido "para nada" su deber de informar e ir acompañadas de sus padres o de sus tutores.

Justa Montero, portavoz de la Asamblea Feminista, ha ironizado con la que "puesta de largo" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido "realmente espectacular" al estrenar su cargo con "una restricción clarísima de derechos".

La organización Derecho a Vivir ha considerado positivo que el Gobierno "mueva ficha" al anunciar la reforma de la ley del aborto, aunque ha reclamado una mayor concreción.

A pesar de que su objetivo es "la erradicación absoluta del aborto", Derecho a Vivir valora, en un comunicado, que por primera vez la legislación española pueda cambiarse "para que sea más restrictiva y no más permisiva".

Afirma que es necesario legislar "protegiendo la vida del concebido y la maternidad y eliminando los resquicios legales que han propiciado la sangría social de más de un millón de muertos".