Los jueces progresistas se oponen al copago y el resto cree que se debería cobrar desde el principio

• Jueces para la Democracia se opone también a la condena permanente
• La Asociación Profesional de la Magistratura aplaude la reforma del CGPJ
• La Francisco de Vitoria cree que mejorará la imagen de independencia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha avanzado este miércoles un paquete de medidas con las que se quiere reformar algunas de las leyes fundamentales de su despartamento y que, en general, tienen una gran repercusión social.

En este sentido, se anuncia la introducción del copago en la segunda instancia judicial, la introducción de la condena permanente revisable, el consentimiento obligado de los padres en el caso de aborto en menores de edad, la reforma de la ley del menor y la recuperación de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Los portavoces de las tres principales asociaciones de jueces han dado a RTVE.es su punto de vista.

Los jueces elegirán a los miembros del CGPJ

Pablo Llanera, Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Consideran "perfecta" la medida y aseguran que es una renovación que desde la APM se pidió en el primer minuto en que se modificó la anterior, en el año 1985. Afirman que es una manera de que las decisiones se adopten con "criterios más técnicos que políticos".

José Luis Ramírez,  Jueces para la Democracia. Valoran que este reforma no garantiza la despolitización del gobierno de los jueces. Creen que no es una remodelación que se pueda hacer por la vía de la mayoría absoluta parlamentaria y que precisa de un debate parlamentario profundo, pues afecta "a la estructura institucional del Estado". Ramírez considera imprescindible que la forma de elección sea proporcianal y no mayoritaria, porque asegura que se podría dar el caso de incluir solo candidatos de una asociación profesional.

José Luis González. Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.  Considera buena la medida, pues mejorará la imagen de la independencia del poder Judicial, se elimina la posibilidad de que los electos sean correa de transmisión de intereses políticos y favorece la posibilidad de una mayor representación de la carrera judicial. Cree, en cualquier caso, que la actual forma de elección del CGPJ es lo que no se debe hacer.

Introducción del copago en la segunda instancia

Pablo Llanera, Asociación Prefesional de la Magistratura (APM). Ven que es una buena medida, aunque siguen defendiendo un copago desde la primera instancia. Consideran que esta tasa no se debe cobrar al comienzo del proceso si no al final. Valoran que se ahorraría al haber menos casos por su efecto disuasorio y además el usuario que "lo necesite de verdad" se encontrará con una justicia menos colapsada. Asegura que hay un uso abusivo de la justicia.

José Luis Ramírez,  Jueces para la Democracia. Rechazan la medida, porque "es insolidaria y para eso ya están las costas judiciales", dice Ramírez. Aseguran que el efecto disuasorio afectaría sobre todo a las rentas más bajas.  Creen además que la financiación de un servicios público como la Justicia tiene que provenir, como hasta ahora, de los impuestos.

José Luis González. Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.  Al igual que la APM, defienden el copago desde la primera instancia. Apuntan a una tasa judicial disuasoria, como en otros países europeo. Esta tasa estaría acompañada en cualquier caso de las desjudialización de algunos asuntos, como litigios que afecten a bienes de menos de 100 euros, y la potenciación de otro tipo de instituciones como la mediación o el arbitraje.

Introducción de la cadena permanente revisable

Pablo Llanera, Asociación Profesional de la Magistratura. No quieren aportar una valoración. Aseguran que existe en otros países y solo una minoría, en la que están España, Portugal o Noruega, entre otros, no lo recogen. Llanera cree que se debería aplicar a casos extremadamente graves y en los que existe riesgo de que el reo siga delinquiendo.

José Luis Ramírez,  Jueces para la Democracia. "Absolutamente inadmisible". Afirman que nuestro Código Penal es uno de los más severos de nuestro entorno, y que de hecho una condena de 40 años se puede asimilar en algunos casos a la cadena perpetúa. Creen que el gobierno lo adopta como una medida para satisfacer a algunos sectores de la población a la luz de los casos con mayor repercusión social.

José Luis González. Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. No aporta una visión como colectivo. A título personal, José Luis González Armengol considera que se debería aplicar a los "delitos muy graves",  coomo los que provocan una gran alarma social o casos en los que no se produce arrepentimiento. Cree que medidas como esta podrían potenciar una vertiente rehabilitadora.

Menores juzgados con adultos en autorías "colectivas"

Pablo Llanera, Asociación Profesional de la Magistratura. Lo consideran positivo para evitar casos como que unos mismos hechos sean juzgados por dos tribunales, uno para menores y otros para adultos.

José Luis Ramírez,  Jueces para la Democracia. No están de acuerdo con la "continua" reforma de esta legislación. Aseguran que se trata de un ámbito que necesita "un análisis sosegado, al margen de los ecos mediáticos". 

José Luis González. Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Creen que falta conocer la letra pequeña, entre otras cosas porque una reforma de la ley del menor puede entrar en colisión con normas internacionales. Proponen, en este ámbito, que la edad penal se reduzca hasta los 13 años.